El Consejo de Cuentas valora la experiencia de la Renta Garantiza de la Ciudadanía para la puesta en marcha del IMV

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, auguró que la experiencia que tiene la Comunidad en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía resultará “de enorme utilidad” para la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Hay una experiencia que no puede ser desperdiciada”, consideró Amilivia durante su intervención en las Cortes para presentar el informe de fiscalización operativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la gestión de la Fundación Siglo correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. 

Amilivia puso en valor las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas y recogidas en el informe de fiscalización sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, así como la receptividad hacia ellas, en especial en un momento como el actual en el que se está poniendo en marcha el IMV, que se configura como “una prestación suelo” compatible con las prestaciones que conceden las comunidades en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de “generosidad” lo que permite a las autonomías “modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio”. 

El informe, del que Amilivia destacó su “gran utilidad”, pone de manifiesto la “complejidad” de un procedimiento “garantista” que acumula una andadura que “se está mejorando” y confió en que los informes del Consejo de Cuentas contribuyan a que esta prestación sea “lo más eficaz posible”, declaró. 

A pesar de que el informe de fiscalización corresponde al ejercicio 2015, Amilivia defendió que las recomendaciones se extendieron hasta abril de 2019 que es el momento en el que la Gerencia de Servicios Sociales dio respuesta a estas propuestas, por lo que insistió en la “oportunidad” del documento y se felicitó por haber sido “útiles” y confió en que también lo sea para los ciudadanos de Castilla y León. 

Las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas pasan por la necesidad de aprobar un manual de procedimiento de gestión “actualizado y unificado” en virtud de los cambios normativos y de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la prestación, algo que la Gerencia ya está llevando a cabo, según respondió a este órgano; el aumento del número de efectivos destinados en las gerencias a la gestión de la renta, especialmente para las tareas de seguimiento; se recomienda la adopción de medidas para adecuar los plazos de resolución al procedimiento establecido; la implementación de un plan anual de seguimiento con equipos propios separados de las funciones iniciales de reconocimiento de la prestación; y se aconseja también la adopción de actuaciones con el Ecyl para potenciar los servicios destinados a los perceptores del a renta como las ofertas de empleo dirigidas a ellos. También se plantea la implantación de un sistema de control y evaluación mediante indicadores que permita analizar el cumplimiento de la finalidad de la prestación tanto en lo referido a la atención de necesidades básicas como a promover la integración.

Según el informe, el gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 73 millones, el 50 por ciento en las ciudades de León y Valladolid (el 25 por ciento en cada una de ellas), seguida de Salamanca, con el 13 por ciento, mientras que en Burgos supuso solo el siete por ciento. Los menores porcentajes recayeron en Segovia (cuatro por ciento) y Soria (dos por ciento). De esta forma, el gasto en esta prestación ha supuesto un crecimiento del 163 por ciento desde su entrada en vigor en 2011, cuando fue de 28 millones. 

El perfil predominante del perceptor, según explicó Amilivia, es el de una persona en situación de exclusión social, de nacionalidad española aunque si procede de otro país es mayoritariamente de Marruecos, fundamentalmente de sexo femenino y con cargas familiares, soltero, con una edad de entre 25 y 45 años y un nivel de estudios de Educación Primaria. Reside en su mayoría en la ciudad y en una vivienda de alquiler, generalmente sin trabajo y habiendo declarado que perdió el empleo en los últimos tres años. 

El número de resoluciones estimatorias de reconocimiento de esta prestación del ejercicio 2015 fueron 4.253, el 44 por ciento del total de las solicitudes, liderando las provincias de León y Valladolid el número de resoluciones concedidas con 1.113 y 1.029, respectivamente. Por el contrario, Soria y Segovia fueron las que menor volumen de solicitudes reconocieron, con 107 y 177 respectivamente.

El tiempo medio que se tardó en resolver un expediente fue de cinco meses. Los retrasos no derivan necesariamente de requerir documentación, entre otras causas están las fases de valoración económica por los servicios centrales de la Gerencia dada la complejidad que supone.

De la misma manera, el Consejo de Cuentas consideró que ha quedado constatada la “escasa relevancia” del papel jugado por la Comisión de Seguimiento de esta Renta, configurándose a partir de 2015 como un órgano de participación y formulación de propuestas, más que de seguimiento y evaluación de resultados. El Consejo estimó que aproximadamente el 12 por ciento de los titulares de la Renta Garantizada de Ciudadanía que figuraban en la nómina de diciembre de 2015 se habían incorporado al mercado laboral en septiembre de 2017, mientras que cerca del 60 por ciento de ellos continuaban percibiendo la prestación.

Cambios sustanciales

Algunos grupos parlamentarios consideraron que en este tiempo desde la fecha de este informe de fiscalización se han producido numerosas variaciones respecto a la situación actual y “se ha ido mejorando”, estimó el portavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, quien insistió en que “nadie pone en duda la importancia de la Renta Garantizada de Ciudadanía o del Ingreso Mínimo Vital, que van a luchar contra un empobrecimiento invisible” por lo que tildó ambas prestaciones como “muy necesarias”. 

Santos insistió en que resulta "difícil" hacer alusión a la fiscalización de 2015 porque desde entonces "ha habido correcciones" a la gestión que se venía haciendo de la Renta Garantizada de Ciudadanía y estimó que muchas de las recomendaciones que se han hecho "ya han sido tenidas en cuenta".

Según el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz, el informe del Consejo de Cuentas “avala” la petición de la Junta de gestionar el Ingreso Mínimo Vital después de “más de 30 años de experiencia” para evitar la exclusión social de los ciudadanos de la Comunidad. 

La procuradora del Grupo Parlamentario Cs, Blanca Delia Negrete, recordó que estos datos no contemplan las dificultades generadas por el COVID-19 y trasladó su “total conformidad” con las recomendaciones del informe, por lo que reclamó un seguimiento de estas ayudas al tiempo que garantizó que se fomentará que las unidades administrativas de esta prestación colaboren con el Ecyl para la integración de estas personas. 

Desigualdad entre provincias

La más crítica fue la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gonzalo, quien lamentó que el informe se haya dado a conocer hoy cuando entró en las Cortes hace dos años, a lo que el presidente del Tribunal de Cuentas aclaró que desde entonces ha estado a disposición de los grupos políticos. La socialista denunció la petición “desproporcionada” de trámites, por lo que pidió “mayor flexibilidad” en la tramitación de los expedientes para que sea más accesible a la ciudadanía. 

De la misma manera, denunció el gasto desigual entre provincias ante lo que se preguntó si se debe a que cada una de ellas desarrolla de manera distinta los protocolos, algo que también se percibe en el caso de personal, lo que a su juicio está “fuera de toda lógica desde el punto de vista poblacional y social”, lo que tildó como “despropósito” en la gestión de los gobiernos del PP. 

A juicio de Gonzalo, los ciudadanos de Castilla y León “no se merecen esto” y aunque consideró que el informe del Consejo de Cuentas es “acertado” no confió en que un próximo documento en la materia difiera mucho de este “dado el escaso esfuerzo de la Junta en políticas sociales”, concluyó.