Junta y Caixabank facilitan el pago de tributos con tarjeta

La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Carlos Fernández Carriedo, y Caixabank S.A. han firmado un convenio para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la prestación del servicio de pago con tarjeta a través de terminales públicos de venta, instalados en las dependencias de la Administración.

Con esta iniciativa se pretende que los ciudadanos de Castilla y León puedan realizar el pago de sus obligaciones tributarias en las oficinas de la Administración de forma sencilla, ágil y rápida, evitando pérdidas de tiempo y desplazamientos a las entidades colaboradoras en la recaudación para efectuar estos trámites. Se cumple así con la demanda trasladada por los ciudadanos a la Administración Tributaria Autonómica para poder efectuar la liquidación de algunos tributos mediante el pago con tarjeta, explica la Junta en un comunicado.

El convenio permitirá el desarrollo de un proyecto piloto para identificar y solucionar los problemas operativos que pudiera ocasionar la puesta en marcha del servicio de pago con tarjeta, con carácter previo a su implantación de forma generalizada, por lo que su puesta en funcionamiento se realizará de forma gradual y controlada.

Inicialmente, el servicio se pondrá en marcha de forma progresiva en las distintas provincias, para el pago del impuesto que grava la compraventa de determinados medios de transporte entre particulares -modelos 620 y 620web- y para el pago de tasas, precios públicos y otros ingresos -modelo 046-, con la posibilidad de extenderlo de forma progresiva a otros modelos.

CaixaBank, entidad colaboradora en la gestión recaudatoria adherida al sistema de pago telemático, dispone de la especialización y de los recursos materiales y humanos necesarios para prestar este servicio. Para ello, la entidad pone su infraestructura a disposición de la administración autonómica, de manera gratuita, cediendo el uso de terminales públicos de venta.

La colaboración tiene una vigencia inicial de veinticuatro meses, pudiendo ser prorrogada por un período de hasta otros veinticuatro meses, en función de las necesidades derivadas de la correcta implantación del servicio.