Castilla y León garantiza la cobertura económica mínima de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Junta de Castilla y León sigue dando pasos hacía adelante para garantizar la cobertura económica mínima de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige Isabel Blanco, cuelga en Gobierno Abierto el anteproyecto de modificación de la Ley en esta materia.

El objetivo es garantizar la diferencia que han dejado de percibir para no tener ninguna merma de sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades de subsistencia. 

Por otra parte, las familias de Castilla y León que han percibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por cuantía igual o superior a la Renta Garantizada de Ciudadanía empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación de Castilla y León está prevista como la última red de protección respecto a cualquier prestación y, por tanto, es subsidiaria y posterior a la concesión del Ingreso Mínimo Vital del Estado. 

El resto de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León seguirán recibiéndola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital. En la nómina del mes de julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía 9.184 familias.

Fuentes de la Junta informó de que ahora se abre un período, hasta el 10 de agosto, para que particulares, entidades, administraciones y sociedad en general puedan tener participación y aportar sus alegaciones a la modificación de esta Ley. 

El borrador da cumplimiento a un acuerdo del Diálogo Social para garantizar la cobertura económica mínima que tenían las familias a través de la RGC previa a la implantación del IMV. “Se trata de que estas familias puedan hacer frente a sus necesidades básicas”, añadieron.

Un derecho para los castellanos y leoneses

La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo implantado hace 10 años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado una media de 15.000 familias cada año, destinándose aproximadamente 60 millones de euros al año.

Desde el 15 de junio, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha una serie de actuaciones para tener informados a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía; entre ellas, el envío de una carta informativa con la repercusión del Ingreso Mínimo en la Renta de Castilla y León, la coordinación con el 012, corporaciones locales y entidades del tercer sector para orientar y prestar apoyo a sus perceptores, y la habilitación de cauces específicos de información en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada provincia para labores de apoyo y asesoramiento, lo que demuestra la implicación del Gobierno regional con sus ciudadanos. Por eso, la Consejería ve muy necesario vincular el IMV a la inserción social y laboral de las personas que lo reciban, como así está establecido con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Además, la experiencia en la Comunidad con los itinerarios formativos, aspecto que el Ingreso Mínimo Vital no contempla, y con la contratación de perceptores de Renta es bastante aceptable, llegando a cuotas de inserción laboral de un 25 por ciento. Es un modelo que, a través de los cauces de colaboración con el Ministerio, se debería hacer extensible a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital del Estado, ya que el objetivo final es que estas familias de Castilla y León salgan de la pobreza a través de un empleo digno.

Entidades del Tercer Sector

Por otra parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de la lucha contra la violencia de género en la Comunidad, que con una dotación económica de 611.000 euros va dirigida a las entidades del Tercer Sector Social, aunque también contempla que puedan ser beneficiarias las fundaciones cuyo objeto social sea el deporte, las federaciones deportivas y los clubes deportivos de Castilla y León.

La convocatoria tiene como finalidad avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en distintos ámbitos y sectores, así como conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, particularmente víctimas de violencia de género.

Para el desarrollo de los proyectos se establece una cuantía de 611.000 euros distribuidos en nueve líneas programáticas, una menos que en la convocatoria de 2019 al haberse unido dos líneas en una sola. Así, en la línea programática de lucha contra la violencia de género, podrán desarrollarse proyectos para el asesoramiento y la atención a víctimas de violencia de género con el fin de mejorar su autonomía personal, mientras que en la línea programática de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género, se incluirán proyectos de información, formación y sensibilización destinados a prevenir la violencia de género. Se excluye la información, formación y sensibilización para la prevención de las agresiones sexuales dirigidas a toda la sociedad y especialmente a jóvenes y adolescentes, por ser objeto específico de otra línea programática.

La cuarta línea programática, también de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género, incluye proyectos dirigidos a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, para favorecer su inclusión social; y la quinta línea programática, de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género a través del deporte, contempla proyectos de sensibilización y formación realizados en el ámbito deportivo a través de entidades deportivas y fundaciones, dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personal técnico deportivo y sociedad en general, mientras que la sexta línea programática comprende proyectos dirigidos a mujeres del medio rural que incluyan acciones para el empoderamiento, formación en nuevas tecnologías, asesoramiento para la distribución de sus productos, sensibilización y formación en violencia de género.

Finalmente, la séptima línea programática, dirigida a mujeres especialmente vulnerables, se centra en proyectos destinados a la atención de mujeres embarazadas en situación de dificultad, dirigidos a proporcionar asesoramiento ante las dificultades que pueda sufrir en esa etapa, así como apoyos y ayudas necesarios durante el embarazo, mientras que la octava línea programática admite proyectos destinados a la atención de las necesidades de mujeres con discapacidad basados en la formación en igualdad y en prevención de la violencia de género y la novena línea programática, ambas dirigidas a mujeres especialmente vulnerables, se centra en proyectos de prevención, información, formación, sensibilización, detección y atención integral destinados a mujeres prostituidas y a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días a contar desde el 5 de agosto. El régimen de concesión de las subvenciones es el de concurrencia competitiva y las actuaciones que resulten subvencionadas se deberán ejecutar en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.