Para garantizar la seguridad en las aulas harían falta 2.300 profesores más, según Podemos

Cuenta atrás para que en Castilla y León arranque este miércoles en Educación Infantil y Primaria un nuevo e incierto curso escolar, que se va a convertir en el mayor desafío al que nunca se ha enfrentado antes la comunidad educativa. Y lo hará sin profesores de baja, con un plan de seguridad para prevenir contagios, que incluye desde la mascarilla obligatoria a partir de los seis años, la distancia social de 1,5 metros o la formación grupos de 22 a 25 alumnos máximo por clase, con 1.105 profesores más, la mayoría de ellos (845) correspondientes a la Educación Pública, pero, sobre todo, con muchas ganas y compromiso por sacar este curso adelante.

Pese a ello, formaciones políticas como Podemos no están conformes con las medidas impuestas por la Consejería de Educación, y se muestra preocupados ya que consideran que tal y como está planteado dicho plan no se garantiza la seguridad de los escolares ni de los profesores o el personal de los colegios.

Desde la formación morada aseguran que para garantizardicha seguridad harían falta al menos otros 2.300 docentes más en los centros. “Las incorporaciones anunciadas por la consejera de Educación, Rocío Lucas, no son suficientes y apenas sirven para cubrir las jubilaciones previstas”, decía este martes el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, que tampoco está de acuerdo con la ratio de entre 22 y 25 alumnos prevista.

En este sentido, el líder morado defiende clases con un máximo de diez escolares en la etapa de Infantil, y de quince en el caso de la Educación Primaria.

Fernández advierte también de los perjuicios para muchas familias así como para las empresas y el empleo el hecho de haber suprimido las actividades extraescolares en el primer trimestre del curso y pide a Lucas que rectifique en esta decisión y permita su desarrollo seguro, que en su opinión es posible con más limpieza y desinfección y, por ende, con más personal.

El dirigente de Podemos cree que la Junta está improvisando, que no ha planificado con tiempo ni consensuado medidas con los implicados y por ello acusa al Gobierno autonómico de “indolencia, desidia y pasividad” además de “incumplir” el Pacto por la Recuperación firmado por la gran mayoría de formaciones políticas con representación en el Parlamento autonómica antes de verano.