Los funcionarios de Castilla y León podrán teletrabajar si tienen menores o dependientes a su cargo afectados por cuarentena

Se busca conciliar vida familiar y laboral con los máximos factores de prevención y protección

Los funcionarios de Castilla y León podrán teletrabajar si tienen menores o dependientes a su cargo afectados por cuarentena. Se trata de un acuerdo, aprobado por la Junta a fin de garantizar la reincorporación de los empleados públicos a la vida cotidiana de manera planificada con plenas garantías de prevención de riesgos laborales y protección de la salud y que apueste por un sistema en el que prima una organización del trabajo que apueste por la conciliación de la vida familiar y laboral sumada a la recuperación progresiva de la prestación normal de los servicios públicos tras una situación de estado de alarma y suspensión de la actividad ordinaria.

Tras el fin del periodo estival, y unido a la recuperación de la actividad presencial en los centros educativos, se impone la necesidad de adecuar algunas cláusulas del Acuerdo para garantizar el mantenimiento de un equilibrio en la prestación del servicio público, conjugando los factores de la prevención y protección de la salud con la conciliación de la vida familiar y laboral.

De esta manera, el personal que tenga a su cargo menores de 14 años podrá trabajar mediante la modalidad de trabajo no presencial, previa autorización de los Secretarios Generales de las Consejerías, y Gerentes de Organismos Autónomos, en su caso, en los Servicios Centrales y en el ámbito territorial de los Delegados Territoriales en los siguientes casos:

  • ante la suspensión de la actividad lectiva presencial acordada por la Comunidad Autónoma de manera excepcional; en aquellos supuestos que se determine documentalmente la no asistencia del menor al Centro Educativo por encontrarse en situación definida por la norma de salud pública como “sintomática” compatible con COVID-19, por aislamiento precoz;
  • cuando se determine documentalmente la cuarentena de los contactos estrechos ante la aparición de casos de COVID-19 en el centro educativo. Además, la modificación del acuerdo incluye al personal que tenga a su cargo mayores dependientes y/o otra persona dependiente y que se vea afectado por el cierre de centros de personas mayores o/y otros centros, y no sea compatible su situación personal con medidas especiales de flexibilidad de la jornada laboral.
  • la modificación incluye que este régimen especial de trabajo no presencial, cuando hubiere dos o más empleados públicos convivientes en que se dé la misma circunstancia, solo podrá concederse a uno de ellos, o bien, de manera parcial a ambos de forma no solapada. Si afectara a un empleado público que convive con otra persona fuera del ámbito público, se acreditará la imposibilidad de la conciliación. Esta misma previsión les será de aplicación a las empleadas públicas durante el primer año de lactancia.
  • Se incluye un nuevo apartado en el punto Cuarto que recoge que serán las Consejerías las que deberán establecer, para sus servicios centrales y territoriales, en el plazo máximo de 15 días desde la presente modificación, un sistema de organización del personal, Plan de Ordenación y reducción del Riesgo por Salud Pública, con el objetivo de poder llevar a efecto una eficiente gestión de los casos de COVID-19 y de sus contactos.

Otros acuerdos

Dentro de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado en el día de ayer destaca tambien que la Junta ejecutará las sentencias del TSJCyL por las que se declara la nulidad de las Relaciones de Puestos de Trabajo y su acomodación al Catálogo de Puestos Tipo.

En materia sanitaria se ha resuelto el contrato del Centro de Salud García Lorca en Burgos para poder licitar de nuevos las obras; se invierten más de 3,3 millones en la compra de vacunas para proteger a la población y 22 millones de euros para la limpieza del complejo Asistencial de León y 1,5 millones en equipamiento para Salamanca.

En lo que se refiere a Agricultura y Ganadería, se autoriza las obras de instalación de tres plantas fotovoltaicas para la modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga por un valor de 6,2 millones de euros.

En Familia e Igualdad de Oportunidades se destinan 69.000 euros a la Asociación Comisión Católica Española de Migración y a Cruz Roja Española y también en Presidencia se avanza en su compromiso con las víctimas del terrorismo en la Comunidad.