El defensor del pueblo propone que se multe para garantizar la ejecución de sus resoluciones

A fecha de 20 julio de este año, o lo que es lo mismo, hace casi dos meses, tres de cada diez resoluciones del Procurador del Común en 2019 no se habían ejecutado y, por lo tanto, no se habían cumplido, así como tampoco una quinta parte de las adoptadas hace dos años.

Esta situación de “falta de cumplimiento y ejecución” de las decisiones que adopta el defensor del pueblo de Castilla y León es la que ha denunciado este viernes el representante de esta institución en la Comunidad, Tomás Quintana, al presentar la Memoria Anual de transparencia en el ámbito público de la Comunidad correspondiente al pasado año en las Cortes de Castilla y León, donde ha aprovechado este hecho para reivindicar y defender una reforma legislativa que permite poner multas “coercitivas” a los que no ejecuten sus resoluciones para de esta forma garantizar el cumplimiento de las mismas y acabar de una vez por todas con una “laguna leegislativa” y una “contradición” que, en su opinión, supone que las resoluciones de la Comisión sean ejecutivas, y que, en cambio, no se puedan hacer cumplir.

El silencio por respuesta

Otras de las cuestiones que ha criticado el procurador del Común en su comparecencia es la “callada” por respuesta que en la mayor parte de las ocasiones ofrecen las Administraciones públicas de la Comunidad a los ciudadanos cuando estos plantean alguna duda o demanda, y por este motivo Quintana las "tira de las orejas” por esta actitud ya que siete de cada diez quejas de los ciudadanos tienen que ver con este silencio administrativo.

Asimismo, la presentación de reclamaciones ante el Procurador del Común se ha ralentizado este año durante el estado de alarma, según ha desvelado Quintana. Tiempo en el que recibieron 39 demandas, aunque este número ha crecido de forma considerable en la “nueva normalidad” hasta alcanzar las 240 reclamaciones recibidas ya este año.

Siete de cada diez reclamaciones tienen como afectado a la Administración local por el 23 por ciento con la Junta como destino y un 4 por ciento las Universidades públicas.

Tomás Quintana hacía referencia también en su exposición a que en la Memoria de 2019, aunque la Covid no había irrumpido aún en nuestras vidas oficialmente, han quedado reflejadas las dos actuaciones de oficio que hizo esta institución sobre la pandemia que aún no había irrumpido en nuestras vidas de forma oficial, con la petición de información a las administraciones para saber qué estaban haciendo en esos momentos.

Y, finalmente, en lo que respecta a la información pública que se ofrece abiertamente a todos los ciudadanos, el Comisionado de Transparencia reconocía que las Administraciones han hecho un esfuerzo cuantitativo a la hora de cumplir la Ley, pero advertía del “déficit” cualitativo en aspectos como la accesibilidad para personas con discapacidad a la misma, la claridad de lo que se expone o la reutilización de dicha información pública, especialmente en las entidades locales más pequeñas. Algo en lo que los grupos parlamentarios popular y socialista, principalmente, achacaban después durante el debate de la Memoria a la “falta de personal y de presupuesto” de estas administraciones locales.