Igea: «El Consultivo es garantía de libertad y de legalidad»

El vicepresidente Francisco Igea visitaba ayer por vez primera en esta legislatura la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, con se de en Zamora, para conocer de cerca su funcionamiento y escuchar las inquietudes y demandas de esta institución propia que preside Agustín Sánchez de Vega.

Igea destacaba la importancia de este órgano asesor y de consulta, del que admitía que aún hoy es «poco conocido» por la ciudadanía pese a su «esencial» labor de control y neutralidad, y ponía en valor también su doble función al tener asumidas las competencias del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl). «Ambas cuestiones convierten al Consultivo en un controlador que garantiza la libertad y los derechos de los castellanos y leoneses, especialmente los más débiles», destacaba el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, para quien la diferencia entre un estado totalitario y otro de libertades estriba en que este último cuenta con instituciones propias como el Consejo Consultivo.

El también portavoz de la Junta reafirmaba su apoyo y el del Gobierno autonómico a cualquier iniciativa que proponga este órgano asesor para favorecer su autonomía y neutralidad. El propio presidente del Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, recogía el guante y aprovechaba entonces para recordar una vieja demanda de esta institución: que se apruebe una nueva Ley que regule «con mayor autonomía» el funcionamiento de esta institución propia pero también del Tribunal de Recursos Contractuales.

“En esta casa de cristal, ejercemos el control y la garantía de legalidad de los procedimientos y actuaciones administrativas en sustitución del Consejo de Estado. En esta España descentralizada, somos un engranaje autonómico del Estado de Derecho. Por tanto, lo que rezuma entre estas paredes es el ordenamiento jurídico”, decía Sánchez de Vega, quien destacaba la acción del Consultivo “porque a través de sus dictámenes puede palpar la realidad política que subyace a las principales decisiones y proyectos de Gobierno de la Comunidad; así como acercarse a la realidad social sobre los problemas cotidianos de la gente o económica de la contratación pública con el Tarccyl”

“Esta doble condición de Consejo y Tribunal expresa la utilidad institucional del Consejo y la austeridad y pragmatismo de nuestra comunidad, con presupuesto limitado y amplitud de competencias, en comparación con otros consejos de España”, finalizaba el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, que recordaba también la utilidad de este órgano en pandemia emitiendo en estos meses un total de 95 dictámenes y 34 recursos emitidos durante el estado de alarma así como la “indudable confianza” que genera la Institución entre las administraciones, que secundan más de nueve de cada diez dictámenes, con una cifra “muy escasa” de recursos interpuestos contra las resoluciones.

Visita a la Diputación de Zamora

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta aprovechaba su presencia en la capital zamorana para visitar también la Diputación de Zamora y reunirse con su presidente, Francisco José Requejo, de su mismo partido, Ciudadanos, quien pedía a Igea que la Junta apoye de forma “decidida” la estrategia Silver Economy, incluyendo la declaración de la provincia de ‘situación de especial gravedad y singularidad’, así como el respaldo a las reivindicaciones formuladas a Renfe respecto a la ubicación en Zamora de un centro de Competencia Digital. “Todo ello con el reto de conseguir fondos europeos que ayuden a promover la activación económica de la provincia zamorana y la lucha contra la despoblación”, en palabras de Requejo

La Unión Europea propuso los Digital Innovation Hub (DIH) como una prioridad clave en la iniciativa de digitalización de la industria europea, y ahora el Gobierno de España debe designar los centros potenciales que decida apoyar, algo a lo que aspira la provincia de Zamora y para lo cual la Diputación quiere y necesita el apoyo de la Junta

“De este modo, se podría acceder a la convocatoria restringida de propuestas que publicará la Unión Europea y que estos centros deben solicitar lo que, en términos prácticos, supondría el poder contar con múltiples fuentes de financiación de proyectos”, apuntaba Francisco José Requejo.