Garantizar el acceso a la información pública, una prioridad en Castilla y León

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que preside Fernández Mañueco va dando pasos hacia adelante en su apuesta por mejorar la transparencia y garantizar el derecho de acceso que cualquier persona tiene a la información pública.

Los datos que ha revelado este domingo la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente Francisco Igea, ponen de manifiesto este compromiso adquirido por el también portavoz de la Junta de que esta iba a ser la legislatura de la transparencia.

Y es que hasta agosto, el Gobierno regional ha gestionado 333 expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la información, el mismo número de peticiones que en todo el pasado año. Igualmente, se han tramitado 272 resoluciones estimatorias, 48 inadmitidas, ocho desestimatorias y 78 pendientes de resolución. Todo ello cuando en 2019, la cifra total anual de expedientes gestionados fue de 337, según fuentes el Ejecutivo autonómico.

Las estadísticas desglosadas desde el año 2015 son uno de los contenidos disponibles en el Portal de Gobierno Abierto, en el que se detalla y se aclara que el derecho de acceso a la información pública puede ejercerse para obtener documentos o datos en poder de distintos sujetos, ya los hayan generado ellos o los hayan adquirido para el ejercicio de sus funciones.

La Ley de Transparencia, para antes de que acabe de año

Desde el Ejecutivo regional recuerdan que siguen trabajando en la futura Ley de Transparencia, uno de los compromisos de este mandato, que será la encargada de sustituir y ampliar el contenido de la actual vigente a nivel autonómico y que en vigor desde el año 2015. “Es una de nuestras prioridades”, sostiene siempre que le preguntan el vicepresidente Igea sobre esta normativa que, según avanzaba hace no mucho, confía en que pueda recibir el visto bueno de las Cortes antes de que finalice el presente año.

Una Ley que regula el régimen jurídico del derecho de acceso a la información pública, en la que se darán facilidades, se agilizarán plazos y se incorporará un procedimiento alternativo a la reclamación consistente en la mediación, que para Igea está llamada a cambiar de forma radical el funcionamiento y el futuro de la Comunidad.

No en vano, la normativa afectará a las entidades locales, a las instituciones propias de la Comunidad (Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social), a las corporaciones de derecho público, así como a las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos y centros concertados, además de que establecerá un régimen sancionador.

Además, Igea pone en valor que se incluya en la normativa la denominada “cláusula Open Data”, que obligará a la propia Administración autonómica a que todo desarrollo informático que realice -ya sea con medios propios o ajenos- facilite la extracción en formatos reutilizables de la información que se recopile, grabe o recoja.