Una oportunidad para ordenar de forma sostenible los servicios en los pueblos vallisoletanos

Junta y Diputación coinciden en que es más necesario que nunca optimizar los recursos

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha destacado que de las «pocas cosas» positivas que ha traído consigo la pandemia, una de ellas es la oportunidad de ordenar de manera «sostenible» los servicios en Castilla y León. Así lo ha dicho tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la sede provincial.

«Con el coronavirus hemos apreciado cierta vuelta al mundo rural y debemos ser capaces de aprovechar eso, la manera de mejorar la vida de sus ciudadanos», indicaba el consejero, quien se ha referido a la necesidad de que muchos municipios deben compartir servicios de manera mancomunada, para que se presten de una manera «más sostenible».

Es por ello que Igea ha pedido un esfuerzo a las entidades locales para compartir estos servicios, que pasan de las competencias municipales como la recogida de basuras o la gestión del agua, a otras atribuciones asumidas por la Comunidad Autónomas como la Educación y la Sanidad. Igea también ha abordado con Conrado Íscar la situación de los trabajos de la reforma de la Atención Primaria en la Comunidad, incluidos en el Pacto por la Recuperación suscrito en junio.

Por último, Francisco Igea explicó que la ley no se va a hacer de “arriba a abajo” si no desde “abajo hacia arriba”. El pasado mes de febrero, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior abrió a participación ciudadana el anteproyecto de ley para modificar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León.

Uno de los objetivos es modificar los espacios territoriales -sobre todo, los rurales-, que deberán reunir una serie de criterios, y que constituirían la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar la ordenación territorial en la que deberían converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León.

Mientras, Íscar ha reconocido que muchas de las reivindicaciones de las corporaciones provinciales se encuentran incluidas en esta futura ley de ordenación del territorio, lo que constituye un paso muy importante para la provincia y sus municipios.

«En ella se reconoce la labor de las diputaciones, de las mancomunidades y por ello, nosotros también estamos de acuerdo en optimizar recursos y dotar al mundo rural de más servicios», ha dicho.