Castilla y León
El PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de financiación local de la Junta de Castilla y León
Los alcaldes socialistas consideran que la normativa “unilateral” del Gobierno de Fernández Mañueco pasaría a condicionar los recursos de los ayuntamientos
La Permanente del Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León (PSOECyL) acordó presentar, a través de 50 senadores, un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto que regula la financiación local aprobado por la Junta de Castilla y León y que, en opinión de los socialistas, es “unilateral” y condiciona fondos de los ayuntamientos.
El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, acusó al Gobierno regional de “desvirtuar” el reparto de estos recursos municipales, ya que lo hacen a través de una herramienta normativa que está prohibida por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. “Por eso, se ha decidido, -añadió-, dar este importante paso en defensa de la autonomía local de los ayuntamientos de la Comunidad, que están siendo maltratados por el Gobierno del señor Mañueco”.
El líder socialista subrayó que “el PP no está correspondiendo a la lealtad que se le ha tenido durante estos meses. Ha roto, una vez más, un acuerdo de Comunidad cambiando la financiación destinada a los ayuntamientos, a los que dedica la mitad de dinero que otras comunidades autónomas, y haciendo más difícil que estos ayuden a sus vecinos en la peor crisis de nuestra historia”.
“La Junta de Castilla y León, Mañueco e Igea, seis meses después, no sólo no han dado ni un euro en ayudas a trabajadores, familias o empresas sino que parecen empeñados en que los ayuntamientos tampoco puedan hacerlo”, señaló Tudanca.
Por eso, concluyó el secretario general del PSOCyL, “recurrimos al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local y de la gente de esta tierra ante un gobierno autonómico que solo está preocupado de la propaganda”.
Asimismo, afirmó que "esta normativa impuesta por el Ejecutivo autonómico condiciona la autonomía de los ayuntamientos para destinar financiación a lo que de verdad necesita la gente. De esta forma, se vuelve a primar el cemento y al ladrillo. “En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la vulneración por un Decreto-Ley de los límites materiales establecidos en su Estatuto supone a su vez una vulneración de la Constitución. De esta forma, la Junta de Castilla y León rompe de forma unilateral un acuerdo de Comunidad (La financiación local recogida en la Ley 10/2014) en mitad de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente”, declaró.
Tudanca defendió que “el Partido Popular aprovecha las circunstancias, en mitad de la pandemia, para colar por la puerta de atrás un ataque a la autonomía local de las entidades locales, en un contexto en el que la oposición del Partido Socialista en Castilla y León podría calificarse como la más ejemplar de España”.
Además, el líder socialista y el Consejo de Alcaldes criticaron que este decreto se aprueba en mitad del ejercicio económico, cambiando las reglas en mitad del partido y sin haberlo hablado con las entidades locales, lo que representa una falta de lealtad institucional sin precedentes. Y todo ello impidiendo el debate y la participación ya que, al ser decreto ley, no articula ni el Consejo Consultivo, ni el Consejo Económico y Social y, lo que es más grave, ni el Consejo de cooperación local.
Por otra parte, la Permanente del Consejo de Alcaldes consideró que el Gobierno de Fernández Mañueco “utiliza esta herramienta como elemento de propaganda ya que esas inversiones municipales computarán como financiadas por la Junta de Castilla y León”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes, el primer edil del Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez, trasladó el “hartazgo” de los ayuntamientos por el “uso y abuso” que el Gobierno autonómico hace de los mismos al mismo tiempo que les pide “colaboración incondicional” para salir de esta crisis sanitaria, que se ha vuelto también económica y social.
Martínez también criticó que el Ejecutivo de Castilla y León “utilice 20 etiquetas para 20 problemas” sin que haya fondos extraordinarios para atajarlos. “Pretende el Gobierno de Mañueco, sostiene el alcalde soriano, combatir la despoblación, afrontar la Agenda 2030 o desarrollar el Pacto por la Reconstrucción con las mismas partidas pero con nombres cambiados”, indicó.
Asimismo, consideró que “no podemos hacernos trampas al solitario, tampoco los ayuntamientos gobernados por el PP, porque es un autoengaño”.
Por ello, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, el burgalés Ánder Gil, precisa que “el Senado es la Cámara territorial de España, y los socialistas vamos a poner a esta Cámara al servicio de los castellanos y leoneses para que se dé marcha atrás a un decreto injusto. Castilla y León y sus ayuntamientos pueden contar con los socialistas del Senado”.
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