La Junta reclama al Gobierno garantías para poder invertir los fondos de políticas activas de Empleo

La consejera Carlota Amigo valora positivamente que pueda recuperar 65 de los 80 millones en su día suprimidos

La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha valorado positivamente que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya recapacitado y repuesto una parte importante de los fondos destinados a las políticas activas de empleo y que se habían suprimido en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado uno de abril. Según los datos aportados hoy, durante la reunión entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, Castilla y León podría recuperar 65 de 80 millones de euros.

No obstante, tal y como ha señalado la consejera, la recuperación de parte de esos fondos llega demasiado tarde. Quedan apenas tres meses para que finalice el ejercicio presupuestario y por tanto para desarrollar y ejecutar los programas. De ahí que Carlota Amigo haya reclamado una flexibilización o modificación de la normativa. De no atenderse esta demanda, las comunidades tendrán serias dificultades para ejecutar los programas antes de que finalice el año.

Carlota Amigo había pedido al Gobierno una reposición de los fondos recordando que las políticas activas de empleo son fundamentales para reforzar la competitividad del tejido productivo y la reactivación económica. El recorte aplicado en abril habría privado de formación a más de 37.000 personas e impedido la celebración de 2.650 iniciativas para la cualificación y reciclaje de desempleados y ocupados.

La responsable autonómica de las políticas activas de empleo ha recordado esta mañana a la Ministra Yolanda Díaz que la formación del capital humano es un factor decisivo para garantizar una recuperación más rápida y justa –desde el punto de vista económico y social– y más equilibrada y cohesionada –desde la óptica territorial– tras la crisis causada por la COVID-19.

Por último, la consejera ha insistido en que es absolutamente necesario incrementar el presupuesto que el Estado destinan a las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo en los presupuestos del próximo año, ya que minorar la financiación de las políticas de empleo que desarrollan las comunidades implica menospreciar su contribución a la dinamización del mercado laboral.