Frente común de Junta y diputaciones para mejorar la depuración de aguas residuales

Fernández Mañueco destaca que este es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y su desarrollo

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad han suscrito en la localidad palentina de Becerril de Campos, un Protocolo General de Actuación con el fin de mejorar la depuración de aguas residuales en 300 municipios con una población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes.

Un programa que supondrá la movilización de inversiones en torno a los 140 millones de euros de los que el 40 por ciento será aportado por la Junta, otros 40 por ciento por las diputaciones y el 20 por ciento restantes los ayuntamientos, según manifestaba el presidente, quien ha manifestado que esta actuación se pone en marcha una vez finalizado el bloque de actuaciones en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes.

Además, el Gobierno regional ayudará a las administraciones locales financiando su aportación a diez años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario de las Administraciones locales.

Fernández Mañueco ha destacado en su intervención que se trata de hacer una apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos y la calidad del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social.

También ha destacado que se trata de un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo, a la vez que ha subrayado que es un ejemplo de cómo administraciones de distintos signos políticos alcanzan acuerdos en beneficio de las personas.

Por ello se va a crear un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias, que serán en torno a 300. Deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.

En este sentido, las distintas administraciones han acometido un importante esfuerzo inversor en los últimos años, apoyadas por la disposición y aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE para esta finalidad, con la construcción de numerosas infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas.