Perder enteramente

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva caduco dos años, cuando debería haberse renovado. Ahora, como cada cierto tiempo cuando expira el mandato, las guerras de togas se suceden no tanto entre los propios miembros del órgano de gobierno de los Jueces sino entre las bancadas del Congreso. En un Estado donde prima la división de poderes, que ya se erigió con la doctrina de Montesquieu en 1748, parece totalmente fuera de lugar que lo que suceda en el judicial sea consecuencia directa de que el legislativo cumpla sumiso con las pretensiones del ejecutivo.

Todos los Gobiernos han intentado, de un modo u otro, tener cierta influencia sobre los poderes legislativo y judicial. Que el legislador responda a un modo de pensar conforme a la doctrina y posiciones del ejecutivo de turno puedo entender, sin compartirlo, que suceda, sobre todo cuando ese ejecutivo cuenta con una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Ahora, aunque no cuenta con esa holgada mayoría, sí que mantiene una serie de votos a su disposición que le puedan permitir sacar adelante diversas iniciativas gracias a unos socios dispuestos a conceder el nihil obstat a cambio de ciertas responsabilidades, concesiones y privilegios para sus territorios. Pensándolo de otro modo, es cierto que un ejecutivo sin fuerza parlamentaria que le permita aprobar nuevas disposiciones está abocado al fracaso y, en consecuencia, a la convocatoria de nuevas elecciones. En el momento actual todo pasa por un gran consenso entre las principales fuerzas constitucionalistas representadas en el hemiciclo, sobre todo cuando de Justicia se trata. No se puede consentir que si ya nuestro sistema judicial presenta grandes deficiencias, en su mayoría provocadas por las injerencias políticas, se siga profundizando en esa herida por la poca altura de miras de quienes se empeñan en mantener un legislativo comprometido con los designios del Gobierno central, porque de esta manera no hay libertad ni Estado de Democrático que garantizar.

El Poder Judicial, sin ánimo de ser inocentes, siempre ha sido el más libre e independiente de esta terna. Un bastión intocable para muchos, pero un lugar donde hacerse un hueco para otros. Sobre la base de que en España hay un ejecutivo mal definido con el legislativo, que en muchas ocasiones lleva a sus últimas consecuencias lo de gobernar-legislar por Decreto Ley, y que ha visto tumbadas en el Congreso más de una de sus facultades extraordinarias como ocurrió con el Decreto sobre la entrega de remanentes por parte de Entidades Locales al Gobierno de España, la sociedad civil no puede tolerar que se lleve a cabo una reforma del método para renovar el CGPJ que omita la mayoría cualificada constitucionalmente exigida de tres quintos y sea suficiente con una simple mayoría en un asunto de envergadura tan considerable.

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben estar relacionados, sin duda, pero no deben mimetizarse ni confundirse. Esa relación debe ser siempre encaminada hacia el progreso, la mejora y fortalecimiento como país y, por ende, como comunidad. En el momento que los tres poderes confluyan en un mismo punto, “todo se perdería enteramente”. Gracias, Montesquieu.