Endeudarse para proteger a las familias y empresas

El presidente Fernández Mañueco avanza un techo de gasto de 11.000 millones y anuncia que no se subirán los impuestos

El presidente Fernández Mañueco durante su cara a cara en las Cortes con el socialista Luis Tudanca
El presidente Fernández Mañueco durante su cara a cara en las Cortes con el socialista Luis TudancaECOGEOLa Razón

La crisis sanitaria del coronavirus está llevando al límite a la población española. El creciente número de contagios, fallecimientos y medidas de restricción están poniendo en jaque a la economía del país y, por su tanto, su estabilidad futura. Se esperan meses duros por delante hasta conseguir ganar esta «guerra» al virus, en palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

El Gobierno autonómico es consciente de que esta delicada situación requiere también de medidas extraordinarias encaminadas a proteger a las familias y a las empresas y asegurar los servicios públicos más esenciales que nunca en esta batalla.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba este martes en el Pleno de las Cortes que el Consejo de Gobierno de mañana jueves aprobará el denominado techo de gasto no financiero que aumenta hasta los 11.000 millones de euros, lo que suponen casi 1.500 millones de euros más que en 2017 -que es el último techo de gasto aprobado en la Región-, que en el futuro Presupuesto autonómico equivaldrá a un endeudamiento público del 1,1 por ciento del PIB de la Comunidad. «Las previsiones son complicadas debido a la caída de los ingresos propios y de las entregas a cuenta por lo que se hace necesario este esfuerzo de gasto para fortalecer el sistema social, favorecer la recuperación económica y proteger el empleo», decía el presidente, a la vez que destacaba que todo esto se hará sin subir los impuestos.

Fernández Mañueco hacía este anuncio durante su cara a cara en el Parlamento autonómico con el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, a quien volvía a tender la mano para pactar los presupuestos de la Comunidad. «Es lo que pide la gente, que nos entendamos, que arrimemos todos el hombro desde el diálogo y que dejemos la política bastonazos», decía el jefe del Ejecutivo regional, que instaba a Tudanca a aprovechar esta «oportunidad» de «dar continuidad al Pacto por la Recuperación» firmado hace unos meses con todos los grupos parlamentarios excepto Vox y los leonesistas de la UPL. «No se esconda ni busque excusas y súmese a un acuerdo presupuestario», apuntaba.

Antes, el socialista había atacado duramente al presidente por la corrupción que salpica al PP en la «Gürtel» o el caso «Kitchen», y echaba en cara a Fernández Mañueco «que no se inmute con nada» y que esté utilizando la pandemia del coronavirus «para esconderse y no asumir ninguna responsabilidad», en referencia a que la atención sanitaria no sea presencial, la suspensión de la inmunización ante la gripe entre los profesores y personal de la Junta por la falta de vacunas o a que los trabajadores y autónomos no hayan cobrado las ayudas a los ERTEs prometidas.

El presidente, en su respuesta, rechazaba la corrupción en cualquier persona, territorio o de cualquier partido, «incluido el PSOE», decía, así como los «ataques» del «populismo de izquierdas» instalado en el Gobierno al Poder Judicial o la subida de impuestos al azúcar. «Su intervención -por Tudanca- es un ejemplo de lo que rechaza la gente: la política de trincheras y el insulto y es un ataque directo a la confianza de la gente en la política», advertía el presidente, quien defendía fomentar esa confianza desde la concordia y trabajando todos unidos para alcanzar acuerdos.

Más medios para doblegar la curva

Durante el cara con el portavoz de «Por Ávila» (XAV), Pedro Pascual, quien preguntó al presidente si tiene pensado tomar nuevas medidas para frenar a la covid, Fernández Mañueco contestaba que no se descarta nada, pero que todo lo que se haga será con el visto bueno de los expertos y bajo el paraguas del Consejo Interterritorial. Al respecto, pedía al Gobierno de España más herramientas para doblegar la curva de la pandemia, y «que ejerza de una vez el estado autonómico» y apruebe criterios homogéneos para toda España «que protejan vidas con el menor coste para la economía».

Y tras reclamar también una evaluación de la gestión de la pandemia para aprender de los errores, ponía en valor los “enormes sacrificios” que la Comunidad y sus habitantes están teniendo que hacer para dar la vuelta a la delicada situación y reafirmaba su compromiso con reforzar la Sanidad pública. Si bien, destacaba que desde marzo se han ampliado en un 50 por ciento las camas de Unidades de Cuidados Intensivos en los hospitales, se han contratado 7.600 contrataciones, se cuenta con reserva de equipos de protección, se han contratado el doble de rastreadores que lo aconseja la OMS, y se realizan más de siete mil pruebas diagnósticas de infección activas (P.D.I.A.), que son las PCR o los test de antígenos.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, interviene en el Pleno de las Cortes
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, interviene en el Pleno de las CortesECOGEOLa Razón

Impuestos al azúcar y a la matriculación

Durante el pleno, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, mostraba su preocupación e incluso temor por las “negativas” repercusiones negativas que pueden tener para la economía de la Comunidad las subidas de impuestos incluidas en el proyecto de Presupuestos del Estado para el IVA de las bebidas azucaradas o el de la matriculación de vehículos.

Tras la acusación que hacñia la socialista Nuria Rubio a la Junta de “mantener la confusión” sobre sus planes fiscales con posibles bajadas de impuestos “a los que más ganan”, así como de aprovechar los fondos llegados del Gobierno central para acumular un superávit de 235 millones de euros, el consejero contestaba a esta interpelación defendiendo la política fiscal aplicada en Castilla y León "que sirve para que los ciudadanos paguen menos impuestos que la media de España y sin perder calidad en los servicios que se prestan”, y mostraba su inquietud por la deriva del Gobierno de España en materia impositiva.

Al respecto, advertía de que la intención del Gobierno de subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21 por ciento y el impuesto de matriculación (5 por ciento) tendrá un impacto brutal en Castilla y león, teniendo en cuenta que esta autonomía produce el 85 por ciento de la remolacha azucarera del país y es líder en la fabricación de vehículos.