La Junta abre un canal informativo sobre la venta y comercio legal de madera

Habilita una página web que recoge la normativa que deben contemplar toda entidad

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, trabaja para garantizar la legalidad del comercio de madera y sus productos en Castilla y León, para lo que ha habilitado un portal web, puesto que esta actividad se considera legal cuando se ha verificado que su origen, los procesos de producción y su posterior transformación, transporte y comercio cumplen todas las leyes y reglamentos del país de origen.

La Junta recordó que se prohíbe y controla la comercialización en la Unión Europea de madera aprovechada de manera ilegal y de sus productos. Para facilitar el acceso a la información, se ha habilitado una página web que recoge la normativa que deben contemplar toda entidad que comercie con madera o sus productos. A este portal se puede accede buscando “EUTR” o en el de Medio Ambiente.

En este espacio se puede consultar qué productos están sometidos; cómo distinguir entre agentes y comerciantes; quiénes son las autoridades competentes; cómo se acredita la legalidad, además de toda la normativa aplicable, con especial atención a las infracciones y sanciones. Así mismo, se recogen estadísticas e informes sobre el cumplimiento del Reglamento EUTR en Castilla y León y se puede enlazar con otras fuentes útiles de información.

Tras la aprobación del Programa Regional de Control el pasado año, se han intensificado las inspecciones y la coordinación con la Guardia Civil. Todo ello, de acuerdo con el objetivo marcado por la Unión Europea: que el comercio de la madera y sus productos se realice de forma legal y conforme al principio de sostenibilidad.

Todo aquel que introduce por primera vez madera o sus productos en el mercado interior de la Unión Europea tiene la consideración de agente, bien sea esa madera procedente de montes de la unión (propietarios o rematantes forestales) o de importación desde terceros países con destino a la industria o al comercio.

Los agentes están obligados a disponer de un Sistema de Diligencia Debida para registrar sus transacciones y, mediante un análisis de riesgo, asegurarse de que no incurren en ilegalidad. Además, en el primer trimestre del año deben presentar la Declaración Responsable de las cantidades que han introducido en el mercado en el año anterior. Esta Declaración se presenta de manera telemática: Declaración Responsable.

Los comerciantes son aquellos que realizan compras y ventas de madera y productos que ya han sido introducidos en el mercado interior por los Agentes. Para ellos la obligación sólo consiste en mantener la trazabilidad.

La documentación debe conservarse durante al menos cinco años y facilitarla a las autoridades competentes en caso de que la soliciten. Estos aspectos son importantes, ya que la Junta y la Guardia Civil han intensificado su colaboración y coordinación para la realización de los controles tras la aprobación, en noviembre de 2019, del “Programa de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada en Castilla y León”.

La Autoridad Competente a nivel nacional es la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el caso de Castilla y León, son la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) para la coordinación entre las distintas autoridades designadas y para la atención de los agentes que son propietarios o rematantes forestales.

También interviene la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural) para los agentes cuya actividad es la industria de primera transformación de la madera, esencialmente aserraderos, pero también, por ejemplo, aquellos que importan barricas o duelas.

La Dirección General de Comercio y Consumo (Consejería de Empleo e Industria) es autoridad para los agentes cuya actividad es comercial y la Dirección General de Industria (Consejería de Empleo e Industria) para los agentes cuya actividad es industrial, excepto aquellos que sean competencia de la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria.

Finalmente, la Junta recordó que las autoridades competentes de Castilla y León actúan por sí mismas y a través de los correspondientes Servicios Territoriales en cada una de las provincias.