Ley Celaá
Fernández Mañueco: “Protegeremos nuestro sistema educativo”
El presidente de la Junta lanza un mensaje de tranquilidad y anuncia que en Castilla y León no se conseguirá el título de Bachillerato con suspensos
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lanza un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa de Castilla y León, que se ha levantado en armas, especialmente la enseñanza concertada y especial, ante la polémica Ley Celaá que salía adelante ayer en el Congreso de los Diputados antes de su posible aprobación definitiva en el Senado.
Fernández Mañueco reivindicaba el sistema educativo actual español, que calificaba de sólido y fiable, en el que la educación pública y concertada han coexistido durante décadas con buenos resultados para Castilla y León, y por ello aseguraba que su objetivo es conservar esa herencia y mejorarla, algo que en su opinión no se va a conseguir con la Lomloe de la ministra Celaá, de la que denuncia que atenta contra la libertad de elección de centros por parte de los padres, que vacía de competencias al Estado o que haya sepultado a la exigencia de Castilla y León de una prueba de acceso a la Universidad (Ebau) única.
El jefe del Ejecutivo regional avanzaba que Castilla y León va a proteger el sistema educativo y que va a utilizar todas las herramientas jurídicas necesarias que permita el estado de derecho, entre las que dejaba entrever un posible recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional como ya ha hecho la Comunidad de Madrid, para intentar defender a las familias, a los alumnos, a los profesores y a los trabajadores, y por ello apuntaba que va a abrir un periodo de diálogo con todos los agentes implicados porque así se lo han pedido desde la enseñanza concertada.
Fernández Mañueco confirmaba que en Castilla y León no se va a poder conseguir el título de Bachillerato con suspensos, como se desprende de la Lomloe.
También denunciaba el presidente la “baja calidad democrática” de la Ley y el carácter “sectario y antiguo” en la forma de actuar del Gobierno de España con ella, agilizando su aprobación aprovechando la pandemia, sin buscar el consenso con los grupos parlamentarios y con la mayor parte de la Comunidad educativa, y lamentaba igualmente su “empobrecimiento” al darse luz verde a esta norma en un momento en el que hay que dar certidumbre en lugar de desunir o crear oportunidades en lugar de arriesgar los puestos de trabajo.
El presidente apuntaba por otro lado, que desde el PP van a estar en la calle recogiendo firmas en contra de esta norma y apoyando las movilizaciones que haya, aunque en el plano institucional, como Junta de Castilla y León, insiste en que abrirá un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa para intentar revertir la situación y buscar soluciones consensuadas.
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