Igea exige al Gobierno coordinar mejor las políticas migratorias

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde exige una mayor celeridad en la adopción de medidas relacionadas con las políticas migratorias, pero donde también se ofrece la colaboración de la Junta como «tierra de acogida» en territorio castellano y leonés para solicitantes de asilo, o los menores no acompañados.

Igea señala que «la inmigración ha supuesto una tabla de salvación para nuestra Comunidad en los últimos años», al ser esta Región la segunda del país con la tasa de natalidad más baja, la tercera más envejecida y la segunda con mayor esperanza de vida.

El también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, expone que el «colectivo de los extranjeros inmigrantes resulta en muchos casos fundamental y esperanzador para evitar la despoblación y el aislamiento de la mayoría de los municipios, para garantizar el mantenimiento de unos servicios públicos y también y muy particularmente privados, que lógicamente están guiados por criterios de rentabilidad; unos servicios que repercuten en la calidad de vida de toda la población».

Desde la Junta se plantea expresamente que se articulen «soluciones prácticas y reales», que posibiliten que aquellas familias que en la actualidad se encuentren arraigadas en la Comunidad o se encuentran en proceso de arraigo, no vean truncado su proyecto de vida «por interpertecaiones legales, limitaciones regulatorias o prácticas burocráticas que impidan su inclusión plena».

La mayor urgencia, según señala Igea, es la privación del acceso al mercado de trabajo de las personas solicitantes de asilo que han visto denegada su solicitud por parte del Ministerio del Interior. «Una privación de derechos que empuja a este colectivo a la exclusión social, obligando a personas que no pueden ser expulsadas a depende de programas sociales públicos, forzando a caer en la economía sumergida e ilegal y lo que ello supone para las arcas estatales», afirma.

Es por ello que se reclama «directrices ministeriales de interpretación» para mantener los derechos de los solicitantes de asilo pendientes de recurso, en lo que se refiere al empleo y el mercado de trabajo.

Por último, Francisco Igea también firma en esta misiva que «aunar política migratoria y despoblación debe considerarse una cuestión de Estado», particularmente en este momento de apremiante necesidad en el contexto de crisis causado por la pandemia». De esta manera, invita a que «el Gobierno en su conjunto, con el adecuado consenso entre las comunidades autónomas, debe caminar en una senda común facilitando que las personas tengan un proyecto de vida en nuestros despoblados municipios».