Aprobada la oferta de empleo público de este año y compromiso para cerrar la de 2018

La Junta de Castilla y León ha aprobado esta jueves la oferta de empleo público de 2020, que alcanzará las 4.122 plazas, al tiempo que se ha comprometido a cerrar en 2021 los procesos del periodo 2017-2018, para lo que en el primer trimestre del año próximo se acelerarán los procesos selectivos.

En la oferta pública de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos para 2020 se presta una especial atención a la promoción interna, según el Consejo de Gobierno. Dispone de una tasa del 5 por ciento que destina a los ámbitos que requieren un esfuerzo de efectivos, como inspectores de consumo, inspectores de campo, enfermería o ayudantes técnicos educativos, cuerpos que salen reforzados.

Un total de 3.159 plazas son de nuevo ingreso y acceso libre, de las que 1.324 están destinadas a los funcionarios docentes no universitarios y 772 corresponden a la tasa de reposición, mientras que 552 son de estabilización.

Serán 1.238 las plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias, todas ellas de la tasa de reposición de efectivos. Para la Administración General se convocarán 597 plazas, de las cuales 344 son para funcionarios y 253 para el personal laboral. Otras 963 plazas serán de promoción interna, de las que 231 corresponderán a los funcionarios y 150 para la del personal laboral fijo, a lo que se añaden otras 582 para el personal estatutario.

La nueva oferta desarrolla la carrera profesional de los empleados públicos mediante un incremento de hasta un 67,15 por ciento de personal funcionario y 59,28 por ciento de personal laboral de promoción interna, para cumplir el objetivo del 40% de promoción entre grupos profesionales.

A los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público ahora aprobada se deberá sumar la ejecución de la pendiente, para lo que la Junta cerrará en el año 2021 los procesos del ejercicio 2017-2018, continuando con la convocatoria de los mismos en los primeros meses de 2021.

Educación

Por otro lado, el Consejo de Gobierno daba luz verde a a que los estudios de Formación Profesional (FP) en Castilla y León incorporen la modalidad curricular de especialización en Cultivos Celulares, dentro de la rama de Química, según el acuerdo adoptado este jueves por el Consejo de Gobierno, reunido en Valladolid.

El curso dotará de competencias para obtener, procesar y preservar cultivos celulares y tisulares (relativo a los tejidos de los organismos), para que sirvan como soporte al diagnóstico, a los ensayos terapéuticos, a la búsqueda de medicamentos, a la creación y mantenimiento de bancos celulares o la investigación.

Los títulos que permitirá a los alumnos son los de técnicos superiores en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad; en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, en Laboratorio Clínico y Biomédico; y en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Esta nueva titulación se enmarca dentro de los acuerdos del Diálogo Social de Castilla y León para desarrollar estudios especializados que faciliten la transición desde la formación al empleo en el caso de los estudiantes de FP. Se ofrecerá de forma presencial y podrá ser implantado a partir del curso 2020-2021 con una duración de 600 horas a lo largo de seis meses, han informado fuentes de la administración autonómica.

Sanidad

En materia sanitaria, la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una partida de 5,8 millones de euros para la compra de 133 prótesis aórticas de implante transcatéter con destino al servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Este material se emplea en el tratamiento de los pacientes que padecen estenosis aórtica grave sintomática y que, además, presentan un alto riesgo quirúrgico o son inoperables. La implantación de estas prótesis es un procedimiento menos invasivo que la cirugía a corazón abierto y alivia los síntomas y mejora la supervivencias de las personas con estenosis de la válvula aórtica.

Además, el Gobierno autonómico invertirá algo más de cinco millones de euros en el centro de salud Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, y en material para procedimientos de cataratas del servicio de Oftalmología de León.El Consejo de Gobierno autonómico ha autorizado la contratación de las obras de reforma del Centro de Salud Pinilla, en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, con un presupuesto de 2.952.400 euros.

También acordaba destinar cerca de 600.000 euros a contratar el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria para los pacientes de Ávila. De esta manera se atenderá a las personas que lo necesiten, remitidos por la Gerencia de Asistencia Sanitaria abulense, en el club de diálisis de la zona del Tiétar.

Empleo

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado también la prórroga para 2021 del Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros 2016-2020, que ha movilizado 331 millones de euros .El objetivo de la prórroga consiste en seguir impulsando la diversificación de la actividad económica y del empleo en las cuencas mineras, alternativo al cierre de las minas de carbón y la pérdida de población de estas zonas. Los 331 millones de euros movilizados se han centrado en líneas de ayudas e instrumentos de financiación para pymes y autónomos en las comarcas mineras desde 2016.

La Junta de Castilla y León ha realizado hasta 2020 actuaciones en materia de infraestructuras como carreteras, telecomunicaciones o polígonos industriales; ha desarrollado incentivos a la actividad empresarial y al emprendimiento; financiación para el desarrollo de proyectos, investigación sobre usos alternativos del carbón o sobre técnicas extrapolables a otras actividades distintas de la minería.

Turismo

Finalmente, cabse señalar que el Consejo de Gobierno aprobaba igualmente la declaración de Conjunto Histórico al municipio burgalés de Sasamón, casi medio siglo después de que en 1982 fuese incoado el expediente para esta consideración como Bien de Interés Cultural.

Sasamón se encuentra en un altozano dentro de la comarca burgalesa del Odra-Pisuerga y el origen de su actual núcleo, amurallado y en forma de almendra con calles medievales, se ha identificado tradicionalmente con la antigua ciudad celtíbera de ‘Segigamone’ o ‘Segisama’. Con posterioridad, Sasamón fue campamento de las tropas romanas establecidas en sus cercanías, época de la que conserva numeroso vestigios en su traza urbana, han informado este jueves fuentes de la administración autonómica.

De su importancia da cuenta el establecimiento en la villa de una sede episcopal en 1059. Su perímetro estuvo rodeada de una muralla fechada en el siglo XV, de la que actualmente solo se conserva un arco con escudo real, símbolo de su condición de villa realenga.Durante el siglo XVI, fruto de otro momento de esplendor, se construyeron numerosas casas nobiliarias que hoy se conservan en gran medida.

Además, el Plan de Gestión de la ciudad vieja de Segovia y el acueducto romano, declarados por la UNESCO en 1985 como Bienes Patrimonio de la Humanidad, recibirá 100.000 euros de ayuda de la Junta de Castilla y León para financiar los gastos derivados de los estudios y trabajos previos a la redacción de esa estrategia.

Memoria histórica

La Junta de Castilla y León planteará alegaciones al Proyecto de Ley de Memoria HIstórica actualmente en curso para que abarque el reconocimiento a todas las víctimas del “fanatismo y el totalitarismo”, con independencia de bandos. Se debe reivindicar la igualdad de “todas las víctimas del fanatismo”, de ejecuciones extrajudiciales, que fueron víctimas por sus convicciones o ideas independientemente del bando en el que estuvieran, ha demandado este jueves el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

El también portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad que el proyecto de Ley en trámite da la impresión de que es innecesario, “muy burocrático, muy redundante” y no cumple los objetivos que dice defender.

Igea ha situado la importancia de este proyecto en que estén presentes todas las víctimas del totalitarismo, de la ejecución extrajuicial y que fueron víctimas por sus creencias o condición. Todos los que perdieron la vida víctimas del fanatismo y el totalitarismo tienen derecho a ser reconocidas, ha resumido.

El vicepresidente ha informado además de la aprobación este jueves en el Consejo de Gobierno de la concesión directa de una subvención de 25.000 euros a la Universidad de Burgos, como acuerdo propuesto por parte de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, dado que es la consejería competente en materia de Memoria Histórica.

Con esta subvención, que se distribuirá en las anualidades 2020 y 2021 a razón de sendas cuantías de 12.500 euros, la Junta de Castilla y León subvenciona a esta universidad pública la elaboración de un mapa de fosas de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista en Castilla y León, dando cumplimiento al Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

Una de las actuaciones concretas que incluye esta colaboración entre el Gobierno de la Comunidad y la Universidad de Burgos es, en primer lugar, llevar a cabo un trabajo de campo y de documentación previos con la realización de un proceso de registro y compilación de datos sobre el terreno.

Incluirá la visita y prospección de todos aquellos lugares donde se conoce o sospecha la existencia de una fosa, con el fin de constatar tal hecho; la recopilación de testimonios orales de vecinos o familiares de víctimas que puedan contribuir a confirmar la existencia de una fosa y facilitar su localización. Abarcará también la consulta de aquella documentación custodiada en archivos, ya sean de titularidad pública como privada, que puedan hacer mención sobre la existencia y ubicación de fosas; y la consulta de la bibliografía de toda naturaleza generada sobre las fosas de Castilla y León, y el cotejo de toda aquella información que las diversas asociaciones memorialistas de Castilla y León y de otros territorios difunden a través de Internet en páginas web, blogs o redes sociales.

Otras dos actuaciones fijadas consiste, por un lado, en realizar una labor de análisis y estudio en el gabinete de los datos recabados durante la fase de trabajo de campo; y por otro, elaborar y redactar el preceptivo Informe o Memoria, en el que se recogerán los resultados obtenidos y una valoración de ellos.Una copia de dicho informe deberá remitirse a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, departamento que dirige Igea.

La partida económica de 25.000 euros incluirá como gastos subvencionables los relativos a personal de la Universidad de Burgos derivados de la realización de las acciones; gastos derivados de los desplazamientos, incluyendo alojamiento y manutención, que sean necesarios realizar durante la fase de trabajo de campo y documentación; y gastos de material fungible necesario para la realización del informe final y que no supongan inversiones