Carlota Amigo augura un 2021 difícil para el empleo: “Estamos en el peor escenario y habrá consecuencias”

La emblemática banda de música “Golpes bajos” cantaba en la década de los 80 del pasado siglo que eran malos tiempos para la lírica, pues el 2021 que se avecina, según advierte la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, serán malos tiempos pero para encontrar un puesto de trabajo y para perderlo.

“Nos encontramos en el peor de los escenarios posibles de la pandemia y esto es algo que a buen seguro tendrá consecuencias en el empleo el próximo año”, advertía este viernes la consejera durante su intervención inicial en la Comisión de Hacienda de las Cortes, donde comparecía para dar cuenta del presupuesto de su departamento para este incierto y complicado 2021 que llegará en apenas dos semanas y media.

Si bien, también quería ver el vaso medio vacío en lugar de medio lleno y ser optimista cuando aseguraba que su objetivo y principal misión será la de “revertir” esta situación que calificaba de “crítica”. De hecho, Amigo insistía en que recuperar los niveles de empleo que Castilla y León tenía a finales de 2019 será su gran desafío. Para ello, presentaba unas Cuentas para su Consejería que ascienden a 358 millones de euros, una cifra de récord en esta Comunidad, y que suponen un 12,95 por ciento con respecto al presupuesto prorrogado de este año que termina.

“Con este dinero queremos atender de forma prioritaria a los colectivos más afectados por la crisis de la covid , como son los parados, autónomos, empresas y trabajadores, además de contribuir a la recuperación de la economía y el empleo”, destacaba en su discurso. Al mismo tiempo, ponía en valor el compromiso con la integración laboral de los colectivos con mayores dificultades de inserción, como jóvenes, personas con discapacidad o desempleados mayores de 55 años; sin olvidar las políticas de reequilibrio territorial y el apoyo al mundo rural.

Asimismo, pedía el apoyo de todas las Administraciones Públicas para salvaguardar los puestos de trabajo y el tejido empresarial.

Fomentar el empleo, apoyando su mantenimiento y recualificando a los trabajadores; apostar por el empleo juvenil; impulsar el autoempleo como forma eficaz de inserción laboral; poner en valor el teletrabajo aprovechando la calidad de vida en nuestra Comunidad o apoyar a los autónomos, son y serán sus principales líneas de trabajo para “salvaguardar” el empleo, así como dar un nuevo espaldarazo a la empleabilidad las personas con discapacidad y colectivos que están en situación o riesgo de exclusión social e incluso incentivar la formación para el empleo prestando especial atención a los cambios tecnológicos y la transformación digital.

Para salvaguardar el tejido empresarial, Ana Carlota Amigo defiende un mayor compromiso con la ciberseguridad; apoyar la inversión en digitalización industrial, contribuyendo a mejorar la competitividad y la generación de I+D+i; impulsar la recuperación del sector comercial; apoyar a los sectores de la moda y la artesanía; reforzar el servicio de intermediación laboral con la incorporación de 100 prospectores laborales; y velar por la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente necesario en el momento actual.

Ayudas a trabajadores y desempleados

La Consejería de Empleo e Industria tiene previsto destinar más de 220 millones de euros en ayudas a trabajadores y parados. Con el fin de proteger a los más afectados por la crisis, pone en marcha varias iniciativas. Dos de ellas, con un presupuesto de dos millones de euros, dirigida a los mayores de 55 años que han perdido su empleo. Para este colectivo se contempla un suplemento a la indemnización por despido y ayudas para financiar el convenio especial con la Seguridad Social.

Otra línea se destinará a complementar las rentas de los afectados por ERTEs ETOP, con una partida de cinco millones de euros. La cuantía viene a sumarse a los seis millones ya distribuidos en este ejercicio. Y se habilitan otros 2,5 millones para prestar ayuda económica a los trabajadores afectados por Eres.

Por otro lado, dentro de las ayudas a desempleados, se encuentra el Programa de Integración y Empleo, presupuestado en 5,5 millones de euros, que contribuirá a hacer frente al impacto económico y social de la covid, con una ayuda económica mensual de 426 euros.

El empleo de las personas con discapacidad sigue siendo un objetivo prioritario. En 2021 se destinarán 23,5 millones para hacer frente a los costes salariales de los trabajadores con discapacidad tanto en Centros Especiales de Empleo, que cuentan con 6.687 trabajadores, como en empresas ordinarias. Además, se financiarán las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo; se apoyará la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, incentivando la celebración de contratos indefinidos y la conversión de contratos temporales en indefinidos y se destinarán 740 mil euros a las empresas de inserción

Formación para el empleo

En el próximo ejercicio se destinarán alrededor de 100 millones de euros (incluyendo los programas mixtos de formación y empleo) para la formación de trabajadores desempleados y ocupados. La cuantía representa un incremento de 10 millones con respecto al presente ejercicio y se distribuye de la siguiente forma: 69,4 millones de euros se destinarán a formación de trabajadores desempleados, 13,1 millones a ocupados y 17 millones a programas mixtos de formación y empleo.

Como novedad, se implantará un nuevo programa destinado fundamentalmente a trabajadores ocupados, a fin de garantizar su adaptación a la creciente digitalización de los nuevos procesos de producción. Este programa (Prográmate) cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y una estimación de más de 3.000 participantes. En su desarrollo se intensificará la teleformación para que sea posible compatibilizar la formación con la vida laboral y familiar, y se establecerán criterios de distribución territorial que garanticen la igualdad de oportunidades en todo el territorio y la fijación de población.

Y con el fin de fomentar la contratación de personas desempleadas, se ha convocado una línea de ayudas con carácter plurianual para financiar contratos de sustitución en supuestos de confinamiento o incapacidad por covid. Esta medida, con una aportación pública de 50 euros por cada día de contrato, beneficiará especialmente a los trabajadores por cuenta propia, evitando que tengan que cerrar sus negocios

Empleo Joven

La consejera apuntaba que los jóvenes volverán a ser uno de los colectivos más damnificados por esta crisis sanitaria y por ello avanzaba una especial consideración hacia este colectivo, para conseguir que puedan acceder a un puesto de trabajo con el que comenzar una nueva vida e independizarse y, por ende, lograr que se queden en la Comunidad y no se vayan fuera a labrarse su futuro.

Así, y de la mano de empresarios y sindicatos, se aprobarán medidas específicas adicionales para este colectivo, con el objetivo de conseguir incentivar alrededor de 3.000 empleos, 10.000 jóvenes participantes en acciones formativas y 75.000 beneficiarios de algún tipo de prestación o servicio.

Tendrán además continuidad los programas que se vienen desarrollando con las Universidades Públicas de Castilla para el desarrollo de prácticas no laborales dirigidas a jóvenes titulados universitarios y de formación profesional para mejorar su empleabilidad.

Lucha contra el desempleo y autónomos

La lucha contra el desempleo será uno de los grandes retos del próximo año. Con ese objetivo se van destinar alrededor de 57 millones de euros a través de las líneas del Plan de Empleo Local y el Programa Mixto de formación y Empleo) para fomentar la contratación, lo que supone un incremento del siete por ciento respecto a lo presupuestado en 2020, con la previsión de crear o mantener alrededor de 7.500 puestos de trabajo.

Tendrá prioridad a la hora de incentivar las ayudas en caso de que se contrate a las personas más vulnerables: discapacitados, jóvenes, parados de larga duración, desempleados con cargas familiares, emigrantes retornados y todas aquellas personas con dificultades de incorporación al mercado de trabajo.

El apoyo a los autónomos es otro de los ejes fundamentales para amortiguar la caída del empleo. En este sentido, continuando con la extensión de la tarifa plana, se subvencionará la afiliación de cuotas a la Seguridad Social de nuevos autónomos durante un periodo de 6 meses; se mantendrá el pago de las cuotas de la Seguridad Social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único; se han habilitado ayudas para sectores especialmente perjudicados, como el colectivo de feriantes y promotores de orquestas; además, se ha diseñado un programa de autónomos para medidas de apoyo al teletrabajo y proyectos de innovación. Este conjunto de medidas suma 3,4 millones de euros.

Hostelería y comercio

La hostelería está siendo uno de los sectores más castigados por esta crisis sanitaria, y por ello la consejera avanzaba medidas para garantizar el mantenimiento del empleo y la continuidad de las empresas viables. Con ese objetivo se van a conceder ayudas de hasta 3.500 euros para financiar las cuotas de la seguridad de aquellas empresas que saquen a sus trabajadores del Erte La medida cuenta con un presupuesto de 9,5 millones de euros, de ellos, 5 millones se destinan al sector de la hostelería.

Las empresas recibirán además ayudas, por una cuantía de hasta 2.000 euros para hacer frente a los gastos de adquisición de sistemas de protección colectiva COVID-19. Esta línea cuanta con una partida inicial de 2 millones de euros

El comercio también se está viendo dañado por las limitaciones por lo que estimular el consumo en el comercio de toda la vida y de proximidad es otra prioridad para la Consejería de Empleo e Industria. Para ello, Ana Carlota Amigo destacaba que se han habilitado una serie de ayudas de hasta 3,7 millones para garantizar el abastecimiento de producto cotidiano en el mundo rural y el apoyo a sectores específicos vinculados a la organización de certámenes feriales. Además, en el sector comercial se incluyen varias líneas para la modernización de pymes comerciales y artesanas con 2,2 millones destinada a mejorar la competitividad.

En estos momentos, se hace especialmente necesario el apoyo al tejido asociativo y a la gestión público administrativa. Tal necesidad se recoge en las cuentas con una subvención directa al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, por un importe de 1,9 millones Además, se contempla una línea de ayudas dotada con 600 mil euros destinada al tejido asociativo del sector comercial, una subvención de 500.000 euros en concepto de aportación al Consorcio Institución Ferial de Castilla y León, y, una subvención de 200.000 euros para al Centro Nacional del Vidrio.

Competitividad industrial

El desarrollo de los nuevos procesos tecnológicos - necesario para mejorar la competitividad- exige, además de formación, apoyo a las empresas para su implementación. El presupuesto del próximo año contempla dos grandes líneas -incluidas en el Plan de Choque para el Empleo- que pretende atender a ese objetivo, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Sus objetivos son avanzar en la industria 4.0 dentro de la llamada cuarta revolución industrial y mejorar la ciberseguridad.

Diálogo Social: herramienta clave

Igualmente, la consejera apelaba a la “utilidad” del Diálogo Social, santo y seña de Castilla y León que puede presumir de su buen clima social, como la herramienta principal para conseguir estos objetivos sociales y laborales. En este sentido, avanzaba nuevas medidas encaminadas a reforzar el Diálogo Social como la evaluación y el conocimiento de las acciones que lleve a cabo para que la sociedad de Castilla y León valore con datos objetivos el impacto de los acuerdos.

En su conjunto los partícipes del Diálogo Social recibirán, a través de los presupuestos del próximo año, 11,6 millones de euros, de los cuales 8.5 millones están incluidos en el presupuesto de la Dirección General Trabajo.

Por otro lado, la consejera destacaba los cuatro los acuerdos formalizados este año por el Consejo del Diálogo Social: el Papecyl, el compromiso de actualización de la ley contra la violencia de género de Castilla y León; el plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables por la crisis del coronavirus y el plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y los puestos de trabajo. Y recordaba este año concluyen varios acuerdos relevantes por su importancia para el progreso económico y social de Castilla y León como son el III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020; la II Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020; y el Plan anual de Política de Empleo de Castilla y León 2020 (Papecyl 2020).

Además, incidía en que para la negociación de la III Estrategia integrada, las mesas de trabajo están “en plena actividad de definición, elaboración y consenso” de las políticas y de los programas que conformarán los acuerdos.

“Un rollo que ni ella se cree”

Desde la oposición socialista se mostraban bastante críticos con la consejera. Así, el procurador Pedro González aseguraba en declaraciones recogidas por Efe que la Consejería de Empleo e Industria es una “gestoría de las malas, peor que una barrio”, ya que el 90 por ciento del incremento presupuestario que ha recibido esta Consejería se debe a “transferencias del Estado” y aún así “no sabe ejecutarlo”.

Para el socialista, la exposición de la consejera ha sido un “rollo que ni ella se lo ha creído”, porque la consejera “sabe” que es un presupuesto que “nunca se cumple”, ya que año tras año se dejan millones sin ejecutar, como los 68 millones de euros en políticas de desempleo entre 2015 y 2018.

Por su parte, el procurador de la organización Por Ávila, Pedro Pascual, centraba sus reivindicaciones en la provincia de Ávila y pedía la puesta en marcha del plan de promoción industrial de la provincia con “líneas específicas” que corrijan la “deuda histórica” de la Comunidad con esta provincia.