Pacto en Salamanca para la reactivación económica de la ciudad

Las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento acuerdan 33 medidas de carácter social

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto con los representantes de los partidos políticos en el Ayuntamiento
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto con los representantes de los partidos políticos en el AyuntamientoAyto. Salamanca

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Salamanca han rubricado el segundo pacto político con el objetivo de asegurar la protección social de las personas y de impulsar la reactivación de los sectores económicos salmantinos, afectados por la Covid.

Un nuevo acuerdo que contempla 33 medidas, de las que 22 proceden del primer acuerdo y que se renuevan para su aplicación en 2021, mientras que otras seis son fruto de la flexibilización o ampliación del pacto anterior y diez son de nueva creación.

Unas medidas que han sido presentadas por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y que ha contado con la presencia del portavoz del PSOE, José Luis Mateos y las representantes del Grupo Mixto Carmen Díaz y Virginia Carreras.

García Carbayo ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca fue el primero de España en dar un paso hacia adelante a favor del diálogo y del consenso y ha indicado que este nuevo acuerdo es fruto del análisis de los resultados del que se alcanzó en mayo, que ha estado en revisión permanente a través de la comisión de seguimiento del mismo.

Entre las novedades que ha destacado el alcalde salmantino, destacan las relativas al bloque tributario, en el que además de mantener la supresión al 99 por ciento de la tasa de ocupación de la vía pública para terrazas, vendedores del rastro y feriantes, se incorpora como novedad para 2021 el aplazamiento en un año del pago de deudas tributarias con el Ayuntamiento, o su fraccionamiento a lo largo de dos años para contribuyentes con dificultades económicas.

Asimismo, ha detallado que en lo relativo a las medidas destinadas a facilitar la liquidez a las empresas y a los autónomos, se han flexibilizado las condiciones de acceso a las ayudas, con el fin de llegar al mayor número posible de beneficiarios. De este modo, con una inversión de 1,5 millones de euros, se va extender la bonificación de intereses y gastos procedentes de diferentes líneas de financiación no solo a las operaciones de préstamo, sino también a las líneas de crédito; y además se ampliará el período subvencionable a un máximo de 3 años, se simplificará el procedimiento de solicitud y se incrementará la cuantía de la ayuda hasta los 4.000 euros.

Por otra parte, en cuanto a las ayudas para la digitalización de empresas, a las que se destina medio millón de euros, se eliminará el requisito de tener concedido un crédito ICO o Iberaval, y a incluir como subvencionable la contratación de personal o empresas especializadas en redes sociales o marketing digital.

La adquisición de equipos de protección individual y la implantación de medidas de prevención sanitaria, a la que se destina un importe de 1,2 millones de euros, es otra de las líneas de ayuda que mejora con este nuevo acuerdo. Tal y como ha comentado García Carbayo, se incluirán entre los gastos subvencionables el certificado de garantía de ‘Establecimiento Seguro’ para los hoteles, y se elevará su cuantía al doble de la actual, hasta llegar a los 1.200 euros.

Asimismo, como medida novedosa, con una inversión de 1,5 millones de euros, ha anunciado la creación de una línea de subvención, de hasta 2.500 euros, destinada a los negocios de hostelería y restauración para la adquisición, alquiler o renting de estufas, paravientos, sombrillas y mobiliario de terrazas; materiales para prestar servicio a domicilio; o mantelería y lencería.

Otra medida nueva que surge al amparo de este pacto es una que ya se dio a conocer para estimular el consumo en el comercio local en estas fechas, y que supone una inversión de 500.000 euros.  Se trata del bono de 50 euros por compras superiores a 150 en los establecimientos adheridos a la tarjeta ‘Activa Salamanca’.

Rehabilitación de viviendas y suelo industrial

Del mismo modo, el alcalde de Salamanca ha avanzado que en cumplimiento de lo acordado en mayo, en este nuevo acuerdo se recoge el compromiso de que en 2021 se vuelvan a destinar dos millones de euros para la rehabilitación de viviendas, incluyendo como concepto subvencionable la retirada de amianto.

Al respecto, ha precisado que en este momento se está trabajando en el proceso de resolución de las 269 solicitudes presentadas a las ayudas que convocamos este año por este mismo importe, y que representan un incremento de más del 79% con relación al 2019.

Finalmente, el regidor salmantino ha hecho referencia al compromiso de impulsar el proyecto para el desarrollo de la Plataforma Logística y del suelo industrial para atraer inversiones productivas a la ciudad. Sobre este asunto, ha concretado que el pasado 10 de diciembre, la Junta de Compensación del Sector de Peña Alta aprobó el pliego para licitar la urbanización del sector y ya ha empezado a correr el plazo de presentación de propuestas.

Medidas para la protección social

Por otra parte, en cuanto a las medidas sociales, que han sido detalladas por la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, el nuevo acuerdo refleja la modificación de la línea de ayudas urgentes de carácter ordinario, flexibilizando los requisitos de acceso para adecuarlos a las nuevas necesidades y perfiles de solicitantes surgidos a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia.

El objetivo es que las personas y familias dispongan de un instrumento estable que pueda dar respuesta en cualquier momento a las necesidades de emergencia o fuerza mayor, lo que implicaría modificar el reglamento regulador de estas ayudas, para incluir una línea que inyecte liquidez con carácter inmediato a las familias para compensar parcialmente su pérdida de ingresos y para llegar a un mayor número de beneficiarios.

Dentro de este segundo acuerdo se recoge, además, la bonificación de la comisión de apertura y los intereses, por un plazo de un año, de las operaciones de financiación de las organizaciones sociales, como anticipo del cobro de subvenciones que les hayan sido concedidas o que estén comprometidas.