Castilla y León hace piña con Asturias, Cantabria y Galicia para evitar que se prohíba cazar al lobo

El campo también se levanta en armas contra Sánchez por querer proteger a una especie que el pasado año llevó a cabo 2.578 ataques y mató a 3.685 cabezas de ganado

Un ejemplar de lobo observa a unos atletas que compiten un trial en la montaña
Un ejemplar de lobo observa a unos atletas que compiten un trial en la montañaIcalIcal

Castilla y León ha hecho piña con Asturias, Cantabria y Galicia para plantar cara al Gobierno de España en su intención de prohibir la caza al lobo en toda la geografía española. Todas estas autonomías acudirán a los tribunales si el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez incluye el lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

Además, los consejeros de Medio Ambiente de los cuatro territorios que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España, estudian recurrir la sesión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, celebrada el jueves por «defectos de forma».

Y es que, según denuncian, en las votaciones no se facilitó participar a Ceuta, teniendo en cuenta que el resultado final de la votación fue de nueve a favor, incluido el voto del Ministerio, y ocho votos en contra en la propuesta de prohibir el control cinegético al norte del Duero. «Está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero», advierten los consejeros de estas cuatro regiones, «perplejos» por la decisión ministerial.

El campo, por su parte, también está que trina y se ha levantado en armas contra Sánchez y esta medida por el «destrozo» que puede hacer a las explotaciones agrarias.

«Es un atropello absoluto», denuncian en la Unión de Pequeños Campesinos (UPA), desde donde piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, y plantean llevar los lobos que sobran en Castilla y León a las regiones que defienden protegerlo.

También proponen que por cada ataque de lobos que se produzca sea indemnizado en parte con las nóminas de los ecologistas, los funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica y el «extenso» organigrama de cargos políticos del Ministerio, en lugar de que con los impuestos de los castellanos y leoneses sino con

Igualmente, desde Asaja lamentan esta decisión y aseguran que no se puede hablar de apoyo a la ganadería extensiva y de un apoyo a la España despoblada impulsando medidas como ésta «que supone un duro ataque a los productos lácteos, donde Castilla y León es una potencia. También desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (Uccl) han lamentado esta decisión que califican de «irresponsable» por ser adoptada «sin documentación y fruto de un ecologismo irresponsable y con ideología». En este sentido, reprocha que haya autonomías, como Canarias «que han visto al lobo en fotografías» puedan decidir cómo se realiza la gestión de esta especie.

Y es que durante el pasado año se registraron 2.578 ataques a explotaciones con el resultado de 3.685 cabezas de ganado muertas, según datos de la Junta. De estos ataques, 2.198 fueron al norte del Duero donde está permitida su caza, con 3.049 cabezas muertas, mientras que al sur se contabilizaron 380 ataques y 637 cabezas de ganado fallecidas.

El Gobierno lo ve compatible

Desde el Gobierno, el delegado en la Comunidad, Javier Izquierdo, aseguraba que la solución a la gestión del Lobo Ibérico «no es estrictamente la caza», y defiende que la propuesta es «compatible» con el control y regulación de la población lobera a través de un sistema de indemnizaciones.