El defensor del pueblo insiste: “La atención telefónica no garantiza una óptima asistencia sanitaria”

El Procurador del Común ha expuesto una vez más sus consideraciones sobre la telemedicina y en una resolución remitida a la Consejería de Presidencia detalla su posición al respecto.

En ella, expone que “si bien es indudable la necesidad de garantizar la seguridad de profesionales y pacientes evitando los contagios por covid estimamos que el recurso a una medicina no presencial como la que se ha generalizado, no garantiza una óptima asistencia sanitaria y, menos aún, en entornos rurales”.

Añade que estas situación es más palpable en casos de colapso de líneas telefónicas o en los de falta de atención de las mismas, “pudiendo dar lugar a diagnósticos que pueden resultar (como es posible que haya ocurrido en algunos casos) erróneos, o a situaciones extremas de imposibilidad de acceso a la red telefónica”.

A raíz de una queja presentada sobre la asistencia sanitaria en el municipio leonés de Villamontán de la Valduerna, perteneciente a la Zona Básica de Salud de La Bañeza, la institución que preside Tomás Quintana reclama que se verifique la calidad de la asistencia sanitaria de los usuarios (534 tarjetas sanitarias individuales), atendiendo como elementos de juicio los expuestos con anterioridad y tomando en consideración las posibles limitaciones de acceso de sus habitantes a la red telefónica.

También pide que se compruebe que la implantación de la telemedicina garantiza una asistencia sanitaria de calidad a los habitantes de los núcleos rurales, “poniendo especial cuidado en que no sea un sustitutivo de la atención personal, tan necesaria en pacientes de avanzada edad, que viven solos y que padecen normalmente una pluralidad de afecciones”.

En la misma resolución solicita que por parte del órgano competente se garantice que los habitantes de los núcleos rurales tienen una adecuada y cumplida información sobre los medios asistenciales a su disposición y que se busquen “soluciones eficaces a la situación de vacante (temporal o definitiva, y por cualquier causa) de los profesionales que han de atender a la población rural, garantizando la adecuada asistencia sanitaria de todos los castellanos y leoneses en condiciones de igualdad”.