Doce acusados de vender cocaína se declaran inocentes en Audiencia de Segovia

La Fiscalía pide en total para ellos 80 años de cárcel por los delitos contra la Salud Pública y por pertenencia a organización criminal

Primera jornada del juicio oral contra los doce acusados por pertenecer a banda armada y venta de drogas
Primera jornada del juicio oral contra los doce acusados por pertenecer a banda armada y venta de drogasNacho ValverdeIcal

El auto de la Sala 1ª de Audiencia Provincial de Segovia del pasado 21 de enero, que declara ilícitas las escuchas y los micros en los coches en una operación antidroga de la Guardia Civil y Policía Nacional en junio del 2019, ha marcado este martes la primera jornada del juicio oral contra doce detenidos en Segovia que, pese a negarse a responder a las preguntas del fiscal, se han declarado inocentes este martes ante la Audiencia Provincial de Segovia, lugar que juzgará este caso hasta el jueves en el que la Fiscalía pide una total de 80 años por los delitos contra la Salud Pública y por pertenencia a organización criminal y multas que van desde los 16.390,51 hasta los 2,8 millones de euros.

La investigación nació de la denominada “Operación Resurgir” llevada a cabo por la Guardia Civil entre enero y julio de 2019, con la que se detectó la presunta implicación de los ahora acusados en el aumento de venta de drogas, especialmente cocaína, que se produjo en Segovia a finales de 2018. Tres de los procesados están acusados de un delito contra la salud pública que tiene por objeto sustancias estupefacientes que causan grave daño en cantidades “de notoria importancia” y por pertenencia a organización criminal.

El encausado que, según el fiscal, se dedicaba mantener reuniones y entrevistas con posibles compradores, ha respondido a preguntas de su abogado, ha dicho no tener ninguna relación con los hechos y asegurado que se dedicaba a la venta de joyas.

Otro acusado, considerado el encargado de realizar las labores de transporte de la cocaína con su propio vehículo, en ocasiones acompañado de su mujer, también acusada en esta causa, y de su hija pequeña, ha negado su implicación en los hechos y también que su mote sea aquel con el que se le ha identifica en la investigación.

La acusación pública pide para ellos entre ocho años y dos meses de prisión y nueve años y medio, en este caso por reincidencia, y una multa de 259.540,45 euros para cada uno.

Otros ocho presuntos participantes del entramado, de los cuales dos están actualmente en prisión, están acusados de un delito contra la salud pública que tiene por objeto sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, pero en cantidades menores que los anteriores, y pertenencia a grupo criminal.

Cinco de ellos supuestamente vendían droga al menudeo y tres son pareja de alguno de los acusados y, según el fiscal, prestaban “auxilio” o “ayuda” en las labores de transporte, distribución y venta de drogas. Dos hombres de este grupo, que mantienen entre ellos una relación familiar, han reconocido en respuestas a su abogada ser ex consumidores de estupefacientes, condición por la que actualmente reciben terapia de deshabituación en Cruz Roja, y han negado estar relacionados con su venta.

Para todos ellos las penas solicitadas oscilan entre cinco años y dos meses de prisión y siete años y cuatro meses de cárcel, mientras que las multas son de 16.390,51 euros para cada uno.

El último acusado, en prisión actualmente, no lo está de pertenecer al grupo criminal pero sí del delito más grave, contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades que exceden notablemente la considerada como “de notoria importancia”.

En concreto, por la supuesta venta de 11.370 gramos brutos de cocaína que hizo traer desde Colombia a España, hechos por los que el fiscal pide para él la pena de nueve años de prisión y una multa de 2.779.877,72 euros.

El supuesto autor ha negado estos hechos este martes en el juicio, además de asegurar, en respuesta a su abogada, que también él es ex consumidor de estupefacientes y sufre de una minusvalía, la cual no ha especificado.

Después de las declaraciones de todos los acusados, el juicio ha proseguido con la práctica de la prueba testifical de varios guardias civiles y se espera que la vista se desarrolle hasta el próximo jueves, antes de que el juicio quede visto para sentencia.

La abogada defensora de dos de los acusados, María Teresa Quintana, agradeció “la valentía” de los magistrados de la Sala 1ª por emitir un auto “sorprendente” y “supergarantista” en los tiempos de corren. Para Quintana, demostraron tener una gran vocación de servicio público a la sociedad, al ser Segovia una ciudad pequeña, donde se conocen perfectamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el juez que llevó las actuaciones de la operación y dio las autorizaciones. Para esta abogada, “no todo vale” para llevar al lícito penal porque hay líneas que no se pueden cruzar. “Si no sería la selva y para eso está el ordenamiento jurídico y le estado de Derecho”.

El abogado segoviano Israel Tapias, que defiende a otros dos de acusados en este juicio, compartió con su compañera la importancia que tiene este auto que anula pruebas fundamentales como son las escuchas y los micros que se pusieron en los coches. “El fiscal se ha agarrado a lo poco que tiene para poder avanzar en el procedimiento”, explicó, ya que considera que respecto a sus clientes “no tiene ninguna prueba para sustentar una acusación contra ellos”.

Según los abogados defensores, el Ministerio Fiscal intentará en las siguientes jornadas con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil aportar alguna cosa más que avale su petición global de 80 años de prisión. La operación ‘Resurgir’ tuvo tres escenarios en Segovia capital, Madrid y la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.