La Junta de Castilla y León propone un Plan Anual de Empleo dotado con 217 millones

La Consejería de Empleo e Industria, que dirige Ana Carlota Amigo, remitió a los distintos miembros del Diálogo Social, su propuesta de medidas par el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021, que recoge una inversión total de 217 millones de euros distribuidos en 88 actuaciones relacionadas con el empleo, la formación, la igualdad y la protección social.

La propuesta recoge actuaciones de las consejerías de Empleo e Industria, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. Se trata de medidas sociales y económicas destinadas a mantener y recuperar el empleo, avanzar en igualdad de oportunidades, favorecer la inclusión y protección social, mejorar la formación y contribuir a impulsar el cambio de modelo productivo.

La iniciativa, que será negociada ahora en el seno del Dialogo Social, se estructura en ocho ejes. El primero, el de la orientación cuenta con un presupuesto de algo más de 21 millones de euros; el de formación, con 76,8 millones; el de oportunidades de empleo recoge medidas por valor de 90 millones de euros; para el eje de igualdad de oportunidades se proponen 8,4 millones de euros; a emprendimiento se destinarían, de acuerdo con esta propuesta, 8,5 millones de euros; a mejora del marco institucional, 3,8 millones; a protección de trabajadores y empresas en crisis, 2,6 millone; y finalmente, a prevención y salud laboral, 5,4 millones de euros.

En materia de orientación se incluyen, entre otras, las actuaciones de información, orientación profesional, asesoramiento, intermediación laboral y apoyo a la inserción. Las acciones del eje de formación van dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción.

El eje de oportunidades de empleo Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, en situación de exclusión social, con responsabilidades familiares, las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género.

El cuarto es el de Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, que comprende las actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.

El apartado de emprendimiento comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

El sexto eje va destinado a la mejora del marco institucional y tiene un carácter transversal. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

El séptimo recoge todas aquellas medidas destinadas a proteger a los trabajadores y empresas de Castilla y León que se encuentren en situación de crisis, especialmente en aquellos casos con mayores dificultades para su reincorporación al mercado laboral.

El último indica las medidas de protección y salud laboral, cuyo objetivo es reducir al máximo la siniestralidad laboral y mejorar la salud de los trabajadores mediante la coordinación y colaboración de todos los agentes implicados de manera directa o indirecta en la prevención de riesgos.

Fondos europeos

Por otra parte, la Junta de Castilla y León con las asociaciones de personas con discapacidad de la Comunidad para tratar de que los Fondos Europeos de Recuperación lleguen a proyectos que promuevan la inclusión laboral de este colectivo, especialmente aquellos de investigación, desarrollo e innovación que “van muy en la línea de lo que piden” desde la Unión Europea.

Así lo señaló Ana Carlota Amigo, durante la inauguración de la jornada “Hacia un nuevo marco normativo del empleo de las personas con discapacidad”, organizada por Plena Inclusión Castilla y León.

La consejero afirmó que el Ejecutivo castellano y leonés seguirá desarrollando políticas para la integración de las personas con discapacidad en empresas ordinarias y para que estos trabajadores puedan acceder a nuevos sectores productivos, destinando recursos con el objetivo de que se formen en competencias digitales para “competir en el nuevo mercado laboral” tras la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

También comprometió la puesta en marcha de “acciones de sensibilización” del Ejecutivo autonómico en este sentido, así como la inclusión de proyectos que se promuevan desde Plena Inclusión, especialmente los dedicados a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), en la petición regional de fondos europeos dentro del Plan de Recuperación de la Comisión Europea.

También recordó Amigo que, desde su Consejería, se modificará el decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público con el objetivo de “reducir la brecha” existente entre las personas de turno libre y las de discapacidad, en base a un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica.

“Es necesario tener marcos normativos que ayuden a la integración de las personas con discapacidad”, defendió Amigo durante la inauguración de las jornadas, en una intervención en la que defendió que las conclusiones a las que se lleguen hoy “deberían ser una hoja de ruta para las distintas Administraciones de cara a superar el desafío de la verdadera inclusión” porque “las distintas políticas de empleo y los cambios normativos no se deben abordar sin la participación de las asociaciones que trabajan por la integración social y laboral de las personas con discapacidad”.

Un colectivo que, recordó, suma en torno a las 170.000 personas en Castilla y León, algo que se tiene que tener “muy presente” para avanzar hacia “una sociedad más justa e inclusiva”, con la colaboración de los centros especiales de empleo que, en la Comunidad, son más de 300 y dan trabajo a más de 6.000 personas, según los datos aportados hoy por la consejera de Empleo e Industria.