Rehabilitación de viviendas y el alquiler social para dar vida a los pueblos de Castilla y León

De la mano del programa Rehabitare, el Gobierno autonómico quiere aprovechar viviendas e inmuebles en desuso que hay en el medio rural para darles una segunda vida a través del alquiler social y, de paso, abrir nuevas oportunidades a los jóvenes sobre todo, ya que son estos los destinatarios principales de esta estrategia que pretende fijar población en los pueblos y ayudar a los más vulnerables.

Este viernes, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se desplazaba hasta la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, para firmar un importante acuerdo de colaboración con el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, que permitirá aumentar la oferta de alquiler social en el medio rural.

Así, el acuerdo incluye la rehabilitación de ocho viviendas y la aportación de 416.000 euros, al 50 por ciento entre ambas administraciones autonómica y provincial. Además, la Junta añadirá una inversión de 870.000 euros para la adecuación de otras dieciocho viviendas más como actuación propia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

En total, se prevé destinar 1,3 millones para rehabilitar 26 viviendas en la provincia de León, que al final de la legislatura contará con 66 viviendas rehabilitadas (sumando las 40 rehabilitadas desde 2016) tras una inversión total de tres millones de euros.

Asimismo, una Comisión de Seguimiento se encargará de evaluar el convenio así como de seleccionar las ocho viviendas que se van a reformar en el marco de este acuerdo, que deberán ser de titularidad municipal en pleno dominio y libre de cargas.

Los municipios deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León.

La Diputación de León prestará el apoyo y la coordinación necesaria para llevar a cabo las actuaciones y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será la responsable de contratar las obras de rehabilitación.

El coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros más IVA y, en el caso de que se superase, será el ayuntamiento quien se haga cargo del exceso. Asimismo, tendrán preferencia las actuaciones de menor coste y las de mayor valor arquitectónico del inmueble.