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Diez días de plazo para que maderistas e importadores hagan su declaración responsable anual

Hasta la fecha, solo se han presentado 25 declaraciones frente a las 86 registradas el pasado año

Ribpellet, fábrica de pellets de madera en la localidad burgalesa de Huerta de Rey
Ribpellet, fábrica de pellets de madera en la localidad burgalesa de Huerta de ReyRicarodo OrdoñezIcal

Los propietarios, profesionales o empresas dedicados a la introducción de madera o productos derivados en el mercado interior de la Unión Europea deberán presentar una declaración responsable, expresando las cuantías importadas y su procedencia, antes del 31 de marzo de 2021, por lo que tienen apenas diez días para hacerlo.

El pasado año se presentaron 86 declaraciones responsables en Castilla y León y hasta la fecha solo se han presentado 25, por lo quedesde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se recuerda a todos aquellos agentes del sector de la madera implicados por estas normas que deben efectuar sus declaraciones hasta el 31 de marzo, inclusive, a través de la aplicación web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://servicio.mapama.gob.es/eutr), cuyo acceso es gratuito.

Posteriormente, se llevarán a cabo controles e inspecciones que, en caso de infracción, podrían dar lugar a sanciones, en aquellos supuestos de mayor gravedad, de hasta un millón de euros, incautación de la madera o los productos, o prohibición de su comercialización.

Estas obligaciones forman parte de una serie de medidas desarrolladas por la Comisión Europea para luchar contra la tala ilegal en los bosques y contra el comercio asociado, que se recogen en dos reglamentos de aplicación inmediata. Por un lado está el Reglamento FLEGT, destinado a la conformación de acuerdos voluntarios entre la UE y países exportadores de madera, que garanticen que la madera y sus productos proceden de aprovechamientos legales y sostenibles. Por otro lado está el Reglamento EUTR, que completa al anterior, para alcanzar no solo al resto de países, sino también a los bosques de la propia Unión Europea.

España desarrolló estas normas mediante elReal Decreto 1088/2015 y en 2018 elaboró un Plan Nacional de Control, encomendando a cada comunidad autónoma que elaborara su propio Programa de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada, adaptado a las características propias de los sectores implicados. La Comunidad de Castilla y León cuenta con su programa desde el 15 de noviembre de 2019, que está disponible en la página web de la Junta.