Empresas
Diez días de plazo para que maderistas e importadores hagan su declaración responsable anual
Hasta la fecha, solo se han presentado 25 declaraciones frente a las 86 registradas el pasado año
Los propietarios, profesionales o empresas dedicados a la introducción de madera o productos derivados en el mercado interior de la Unión Europea deberán presentar una declaración responsable, expresando las cuantías importadas y su procedencia, antes del 31 de marzo de 2021, por lo que tienen apenas diez días para hacerlo.
El pasado año se presentaron 86 declaraciones responsables en Castilla y León y hasta la fecha solo se han presentado 25, por lo quedesde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se recuerda a todos aquellos agentes del sector de la madera implicados por estas normas que deben efectuar sus declaraciones hasta el 31 de marzo, inclusive, a través de la aplicación web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://servicio.mapama.gob.es/eutr), cuyo acceso es gratuito.
Posteriormente, se llevarán a cabo controles e inspecciones que, en caso de infracción, podrían dar lugar a sanciones, en aquellos supuestos de mayor gravedad, de hasta un millón de euros, incautación de la madera o los productos, o prohibición de su comercialización.
Estas obligaciones forman parte de una serie de medidas desarrolladas por la Comisión Europea para luchar contra la tala ilegal en los bosques y contra el comercio asociado, que se recogen en dos reglamentos de aplicación inmediata. Por un lado está el Reglamento FLEGT, destinado a la conformación de acuerdos voluntarios entre la UE y países exportadores de madera, que garanticen que la madera y sus productos proceden de aprovechamientos legales y sostenibles. Por otro lado está el Reglamento EUTR, que completa al anterior, para alcanzar no solo al resto de países, sino también a los bosques de la propia Unión Europea.
España desarrolló estas normas mediante elReal Decreto 1088/2015 y en 2018 elaboró un Plan Nacional de Control, encomendando a cada comunidad autónoma que elaborara su propio Programa de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada, adaptado a las características propias de los sectores implicados. La Comunidad de Castilla y León cuenta con su programa desde el 15 de noviembre de 2019, que está disponible en la página web de la Junta.
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