Fernández Mañueco arremete contra la “distribución arbitraria de las ayudas europeas” para pymes y autónomos de Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha arremetido nuevamente contra el Gobierno por lo que considera una «distribución arbitraria en el reparto de las líneas covid de ayudas directas dirigidas a autónomos y pymes de Castilla y León». Así lo ha declarado en redes sociales, tras conocerse que se aumentaba la cantidad acordada en el mes de diciembre, unos 185 millones, que representaba un 3,35 por ciento del total, algo que hizo que desde Junta pidiera unos criterios más ajustables y objetivos, al no estar de acuerdo con dicha distribución.

De esos 185 millones se han pasado hasta los 232,5, unas cifras que vuelven a considerarse «insuficientes». Por ello, ha recalcado que se va a volver a solicitar al Gobierno de España la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el «fin de establecer» un «sistema justo de reparto de fondos».

“Estamos ante un momento decisivo para la estrategia de recuperación económica en España”, ha declarado en otro twitter, para finalizar que “seguiremos siendo muy exigentes en la defensa de los intereses de las personas de Castilla y León. Desde la Comunidad venimos reclamando de forma reiterada al Gobierno que se aplique un criterio justo y donde se tenga en cuenta las especificaciones de las autonomías”, para reclamar a Pedro Sánchez, al igual que la Unión Europea “más objetividad y transparenecia”.

“Los criterios iniciales no nos gustaban”, ha señalado también el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha considerado que la petición de criterios transparentes y objetivos con las autonomías de la Unión Europea al Gobierno y la carta con esa demanda enviada a la ministra ha tenido un efecto en un recálculo de los mismos.

“Ha merecido la pena demandar criterios más objetivos y justos”, ha resumido en referencia tanto a lo reconvenido por la UE como desde la Junta, que siempre ha cuestionado un reparto con los criterios de los fondos de nueva generación al considerar que perjudican a la Comunidad. Ahora, en un plazo de un mes se deben firmar los convenios con las Comunidades para realizar las convocatorias por parte de éstas. “Lo vamos a hacer lo más ágil posible, una vez que lleguen las ayudas”, ha señalado.

El Partido Popular considera que el Real Decreto convalidado esta semana en el Congreso de los Diputados sobre las ayudas directas a pymes y autónomos “llega muy tarde” y es “insuficiente y arbitrario”, de ahí que pidan su “ampliación” tanto en el montante económico como en los sectores a los que va destinado, al considerar que muchos de los que se han visto perjudicados por la crisis derivada de la pandemia “se quedan fuera”.

Lo explicó este viernes Alicia García, diputada del PP de Ávila, quien señaló que el decreto “deja fuera a dos millones de empresas españolas y a dos de cada tres autónomos”, además de a sectores como “las peluquerías, la organización de eventos, los talleres de reparación de vehículos, el calzado o la fabricación de muebles”. En concreto, trasladó que de las 533 ramas de actividad contempladas “solo podrán optar a los fondos 95”, con lo que “muchas empresas y pymes que arrastran pérdidas o han visto perjudicada su facturación”, entre ellas muchas abulenses, no podrán recibir estas ayudas.

Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha confirmado este viernes que a esta autonomía llegarán 232,5 millones de euros, dentro del plan de ayudas directas a pymes y autónomos, y ha reclamado al Gobierno autonómico que aporte otros 163 millones para los sectores afectados por la pandemia, en proporción a lo que comprometió.

Reparto entre Comunidades

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden Ministerial de Hacienda que establece el reparto entre las Comunidades Autónomas. Los recursos del primer compartimento de 5.000 millones de euros se reparten entre las Comunidades Autónomas –menos Baleares y Canarias– y Ceuta y Melilla atendiendo a los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU, solo que actualizados a la fecha de publicación del Real Decreto-ley.

Andalucía, con 1.109 millones; Cataluña, con 993; Madrid, con 679, y Valencia, con 647, son las que más dinero recibirán con cargo a esta línea. A continuación, sigue Galicia (234 millones) y Castilla y León. La Rioja con 32 y Navarra con 67 cierran la lista, aunque Ceuta recibe 13 y Melilla 12.

Así, dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas.

El indicador de renta de cada Comunidad y Ciudad es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.

Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.

Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.