La Junta de Castilla y León cree que la senda económica permite ahora la supresión del impuesto de sucesiones, aunque aun sin fecha

La Junta de Castilla y León considera que el horizonte económico es “un poco mejor” en este momento y permite ahora la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, pero el Grupo Popular “no sabe” en qué pleno de las Cortes se podrá aprobar y el PSOE entiende que es “un pago” a Ciudadanos y “un guiño” a Vox tras el resultado de la moción de censura y la pérdida de la mayoría por los grupos que sustentan al Ejecutivo de la Comunidad.

El proyecto de ley que bonificará el 99 por ciento en la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, en la práctica es su supresión, estaba listo hace un año para su ratificación por el plenario, si bien la declaración del estado de alarma y la firma posterior del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social le dejaron en la recámara.

Según datos cerrados, en 2019 las arcas de la Comunidad ingresaron 189 millones de euros por este impuesto, del que en la actualidad están exentas rentas individuales de hasta 400.000 euros, como se recogió en el acuerdo firmado por PP-Cs para los presupuestos de 2018. La Dirección General de Tributos de la Junta estima que la bonificación del 99 por ciento supondrá dejar de ingresar 35 millones al año.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, retomó este proyecto en el debate de la moción de censura y anunció su aprobación en las próximas semanas. Después el portavoz parlamentario del PP, Raúl de la Hoz, en la misma sesión, precisó que sería en el próximo pleno de las Cortes, que está previsto para el 13 y 14 de abril.

Las circunstancias que llevaron a la suspensión de la tramitación hace un año son distintas en este momento, con un escenario económico “un poco mejor”, explica el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en declaraciones a Ical, en las que asegura que “la palabra del presidente se cumplirá”. Sin embargo, desde el Grupo Popular se responde que “aun no sabe en que pleno le van a meter”.

El Grupo Socialista, que presentó una enmienda a la totalidad y es el único que mantiene otras parciales vivas para su debate en el pleno, critica que se renuncie de manera “voluntaria” a contar con 35 millones más al año mientras se exige más dinero al Estado. “A cuántas pymes, autónomos y empresas se podrían ayudar”, argumenta la portavoz de Hacienda, Rosa Rubio.

Para Rubio, “no cabe otra lectura” en el anunció de Fernández Mañueco para su aprobación ahora que realizar “un pago” a su socio de Ciudadanos y extender “el guiño” a Vox, formación a la que tendrá que recurrir en un escenario en el que la Junta ha perdido la mayoría absoluta en las Cortes después de la moción de censura con la baja en la formación naranja de la procuradora María Montero.

El portavoz parlamentario de Cs, David Castaño, niega que sea “un guiño” a su formación y asegura que Fernández Mañueco “no necesita hacer ningún guiño”, sino que se trata de cumplir el acuerdo de gobernabilidad de julio de 2019. También, añade que el PSOE ha roto el pacto para la recuperación con su moción de censura.

Fernández Carriedo sostiene que se trata de un compromiso de investidura del presidente de la Junta, que su departamento “trabajó a buen ritmo” porque se presentó el proyecto en las Cortes el 26 de diciembre de 2019 tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y rechaza que guarde relación con el resultado de la moción de censura socialista, al dar por roto el pacto para la recuperación.

Ha pasado un año

El pacto para la recuperación incluye en su punto 84 la suspensión del tramite parlamentario de este impuesto pero no dice cuándo se debe levantar dicha suspensión ni que no se deba aprobar, argumenta el consejero de Economía y Hacienda, convencido de que “la indefinición” económica de hace un año, que le dejó en suspenso, es hoy “un poco distinto”.

“Ha pasado un año, su aprobación es oportuna, en el plazo que se pueda determinar”, explica Fernández Carriedo, que asume que su aplicación reducirá la recaudación pero afirma que se mejorará la de otras figuras tributarias porque su supresión, como dicen los empresarios, va a beneficiar la actividad y el empleo. A título de ejemplo, refiere que la subida del impuesto de matriculación no ha llevado a más ingresos porque se venden menos coches.

En la misma línea, se pronuncia el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, que ve “una senda de crecimiento que permite afrontar la eliminación de este impuesto, uno de los caballos de batalla de su partido por entender que es una doble imposición. “La economía en junio entrará en una fase más vigorosa”, refuta con citas a la Unión Europea, Gobierno y analistas.

La socialista Rosa Rubio mantiene que la pérdida de recaudación irá en detrimento de los servicios públicos, cuando existe una emergencia sanitaria y social, y subraya, en un argumento que siempre ha enfrentado a su grupo con PP y Cs, que solo beneficia a “grandes fortunas” porque no es habitual heredar 400.000 euros sin contar la vivienda habitual y empresa.

Castaño rebate la posición socialista de que solo beneficia a las rentas más elevadas y asegura que también lo hará con los más humildes, donde significa, como ejemplo, cuando un hijo hereda una parcela que su padre no ha podido vender para su urbanización, de manera que no saldrá a subasta ni se va a especular con ella.

El proyecto de ley contempla tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes, lo que supone su práctica eliminación en la práctica.

En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas inter vivos, se aplicará también una bonificación del 99 por 100 siempre que el adquirente sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante

Sin embargo, se mantiene la actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible para “no perjudicar” las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía, pues, si se suprimiera, pasarían de no tributar a hacerlo al 1 por 100.