Castilla y León aprueba un proyecto de ley para “dotar de estabilidad” a las 3.300 empresas del Tercer Sector

El proyecto de ley del Tercer Sector Social, aprobado en el Consejo de Gobierno, impulsará la participación en las políticas sociales y garantizará la estabilidad de este colectivo, que cuenta con 3.300 entidades en Castilla y León, donde trabajan más de 200.000 voluntarios.

Así lo anunció la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la presentación de la norma en la que también señaló que este proyecto nace el diálogo y el consenso y recoge las necesidades de este colectivo y las demandas de quienes a diario realizan esa labor. También indicó que se trata de “un compromiso de legislatura” y destacó que todas las Consejerías del Ejecutivo regional “están muy orgullosas” del documento aprobado.

Castilla y León cuenta con 3.300 entidades que conforman el Tercer Sector y que prestan más de 5.000 servicios a las personas más vulnerables de la Comunidad, entre las que se encuentran mayores, menores, personas con discapacidad y colectivos que buscan la inclusión social.

Todas estas organizaciones se podrán beneficiar de una ley que, como aseguró la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, “reconoce su labor en la Comunidad, la contribución inestimable que realiza, y refuerza su trabajo para potenciarlo y reconocerlo”. Así, se dota a estos organismos de “una necesaria e importante cobertura jurídica” con un marco legal de referencia que “definirá sus características, principios y obligaciones”.

También establece el texto “fórmulas de participación” y añade como valor “algo que en Castilla y León es seña de identidad: el trabajo en red”. En ese sentido, el proyecto de ley propone un nuevo modelo de participación y colaboración con la Junta y el resto del sector público al regular “los instrumentos del diálogo” y contempla la participación de las entidades del tercer sector en el diseño de políticas sociales públicas.

Dentro de este marco se ubica la participación de las entidades del Tercer Sector en los Fondos Europeos para la Recuperación, con 40 proyectos presentados al Ministerio, por un valor de 15 millones de euros, basados en “innovación y en ese nuevo modelo de Dependencia 5.0”, que apuesta por “proteger y atender a las personas más vulnerables”.

La norma garantiza, además, la sostenibilidad económica del tercer sector y, con ello, “su estabilidad de cara al futuro”, pensando también en “esa modernización tan necesaria que se está produciendo y en la que tenemos que seguir avanzando, especialmente a través de la concertación social”, como señaló Isabel Blanco.

Por último, la ley contempla la actualización de la normativa del voluntariado para “adaptarla a la realidad social de Castilla y León”, donde hay 414 entidades de este tipo en las que colaboran más de 200.000 voluntarios. Ante ello, el texto plantea “un voluntariado abierto, que amplíe el ámbito de actuación en empresas e instituciones y regule la participación de menores de edad”, mejorando además “la protección de la figura del voluntariado”.

“Es un texto del que nos sentimos muy orgullosos porque reconoce la labor del tercer sector y lo que aporta a la sociedad de Castilla y León”, resaltó Isabel Blanco e indicó que, con su aprobación, el proyecto inicia ya su tramitación parlamentaria.

Ayuda a las víctimas de violencia de género

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autorizó un paquete de subvenciones por un importe global superior a los 1,2 millones de euros a las diez entidades integrantes de la Red de Atención a Víctimas de la Violencia de Género, que tiene por objeto financiar los recursos de acogida y programas de apoyo a las personas que sufren maltrato.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza estas ayudas con el reto de garantizar la protección de los más vulnerables y consolidar un sistema moderno y avanzado de Servicios Sociales.

La configuración de los recursos de alojamiento y centros de acogida de la Red de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, así como las acciones para su acompañamiento y orientación jurídico-social dan respuesta a los principios básicos de cercanía y asistencia individualizada que inspiran el modelo de atención integral “Objetivo Violencia Cero”.

El apoyo que va a otorgar el departamento dirigido por Isabel Blanco tienen dos finalidades. Por un lado, permiten sufragar los gastos de mantenimiento, las actividades y los servicios de las casas de acogida y centros de emergencia de las entidades que conforman la red. Se trata de garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones, así como la eficiente prestación de los servicios de asistencia social integrada que precisan estas mujeres y los menores que dependen de ellas.

Las entidades que van a recibir estas subvenciones son Cruz Roja (que recibe 619.577 euros para sus centros de emergencia de Burgos, Ponferrada y Valladolid) y para los centros y recursos de acogida; la Asociación Leonesa “Simone de Beauvoir” (121.614 euros); Adoratrices Salamanca y Valladolid (107.087 euros); la Asociación Beatriz de Suabia de Salamanca (65.980 euros); el centro Nuestra Señora de Fátima de Fabero, en León (63.000 euros); Cáritas Diocesana de Valladolid (61.311 euros); la Asociación Leonesa de Caridad (42.588 euros); Fundación Intras Castilla y León (40.000 euros), y Fundación Aldaba-Proyecto Hombre Valladolid (30.000 euros).