Todas las capitales de Castilla y León estarán fiscalizadas en el presente ejercicio

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha presentado en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes tres informes correspondientes al sector público local: las fiscalizaciones de determinadas áreas de los ayuntamientos de Salamanca y León, así como la fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos aprobados por las entidades locales en 2018, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

De esta manera todas las capitales de la Comunidad estarán fiscalizadas en el presente ejercicio, a la espera de Zamora y Soria, en elaboración, y la de Segovia, incluida en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2021, y tras la presentación de los correspondientes a los ayuntamientos de Salamanca y León..

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, ha señalado que quedarán cinco ya aprobados, pendientes de comparecencia, y una programación de 50 auditorías en marcha, muchas de las cuales estarán finalizadas en este primer semestre del año. En el actual mandato se han realizado 18 comparecencias en las que se han presentado ya 50 informes, una cuarta parte del total histórico.

En relación al Ayuntamiento de Salamanca desde el Consejo se recomienda solicitar la sectorización de la Fundación Gómez Planché; el Pleno deberá controlar la situación de desequilibrio financiero de la entidad dependiente Patronato de Vivienda, así como de la sociedad Mercasalamanca; el órgano de contabilidad debe garantizar que el sistema de información contable cumple con los debidos requisitos de automatismo, exactitud, coherencia e integridad de la información en lo referente al control de los gastos con financiación afectada y el cálculo de las desviaciones de financiación; o la implantación de un sistema de contabilidad analítica.

En cuanto al Ayuntamiento leonés se le recomienda recoger en los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda todos los entes del sector de las administraciones públicas y referirse a la situación de todas las entidades dependientes del sector de las sociedades de mercado; llevar un control adecuado del remanente de tesorería y de su utilización; mejorar la recaudación de derechos; destinar todo el superávit presupuestario que pueda obtener a la amortización directa de deuda; implantar un sistema de contabilidad analítica para la gestión del coste de los servicios y acordar un plan estratégico de subvenciones.

Respecto a la fiscalización de los expedientes REC aprobados por las entidades locales en 2018, la fiscalización aporta 23 conclusiones tras haber tramitado 438 expedientes que han derivado en el reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 40 millones de euros. El Ayuntamiento de Burgos es el que ha comunicado el mayor importe de obligaciones reconocidas extrajudicialmente, con algo más de 12 millones de €, seguido por la Diputación de Burgos, con casi 6 millones, y por el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación de León, con cifras en torno a los 4,5 millones de euros.

A continuación se sitúan los ayuntamientos de Palencia, Ponferrada, Valladolid, la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de Segovia y San Andrés del Rabanedo, todos ellos por encima de 1 millón. Por número de expedientes destaca el Ayuntamiento de Zamora, con 138, y el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación de León, con 63 expedientes cada uno.

Destacan los expedientes que provienen de omisiones de fiscalización al representar un 40 por ciento del total y un 51 por ciento del importe, así como los que derivan de acuerdos contrarios a reparos de los interventores, un 41 por ciento por ciento del total y un 23 por ciento del importe.

El análisis a partir de una muestra integrada por los ayuntamientos de Palencia, Salamanca, Segovia y San Andrés del Rabanedo, además de las diputaciones de Burgos, León y Valladolid desvela que el principal incumplimiento, tanto en importe como en número de expedientes afectados, es el de gasto sin cobertura contractual, afectando a un 61 por ciento del total analizado, por importe de 9 millones de euros, y a 35 de los 54 expedientes objeto de muestra.

El Consejo recomienda a las 13 entidades afectadas que detalla el informe (ayuntamientos de Ávila, Burgos, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo., Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Valladolid) que deberían controlar y reducir el volumen de los gastos aprobados con REC a efectos de que se configuren como una excepción al principio de anualidad y temporalidad de los créditos.

Además, 12 de las 23 entidades (los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, las diputaciones de Burgos, León y Valladolid, así como la Comarca de El Bierzo) deben aplicar las suficientes medidas de control que eviten la adquisición indebida de gastos u obligaciones del propio ejercicio presupuestario.

Además, se recomienda a los ayuntamientos de Ponferrada y Salamanca, las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora que cuando excepcionalmente no hayan podido realizar a fin de ejercicio la aplicación a presupuesto de obligaciones que derivan de transacciones realizadas en el año, siendo procedente dicha aplicación, deberán, al menos, realizar un registro en la cuenta de acreedores correspondiente.