Política

Igea denuncia que “no se puede tener paralizado a un país porque haya una campaña electoral”

El vicepresidente de Castilla y León exige a Pedro Sánchez “medidas” para afrontar la pandemia después del 9 de mayo que se levanta al estado de alarma

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de GobiernoNACHO GALLEGOAgencia EFE

“No se puede tener paralizado a un país porque haya una campaña electoral”. Así de contundente se mostró el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, exigió al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que “de una vez tome medidas” ante el inminente levantamiento del estado de alarma del próximo 9 de mayo. “Es una cosa que tiene que decidir el Estado, no las Comunidades Autónomas”, añadió.

Francisco Igea aseguró que con los niveles tan “altos” de alerta covid actuales, el Gobierno de España “debe ofrecer alternativas” porque esa es “su obligación”.

El vicepresidente de la Junta también señaló que “hoy me siento más Arisqueta que nunca”, en referencia a la petición del presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, de continuar de alguna forma el estado de alarma, aunque reiteró que ese tipo de decisiones corresponden al Estado.

El PSOE cómodo en el “lodazal”

Por otra patre, y a pregunta de los periodistas sobre la presentación del PSOE de una propuesta para abrir una comisión de investigación en las Cortes sobre las residencias, Igea indicó que los socialistas “se sienten cómodos en el lodazal en que han convertido la política”.

Asimismo, criticó que que el PSOE utilice “el dolor y la muerte”, la hacer “una política basura”, dado que no existe ningún hecho judicial y calificó de “cara dura” por que se apele a su consciencia para la creación de esta comisión cuando se niegan a que se investigue donde gobiernan y la piden donde se ha sido más transparente, por lo que insistió en conocer la gestión del Gobierno en contratos o equipos de protección.

El vicepresidente afirmó que están dispuestos a la investigación de la gestión en las residencias durante la pandemia, pero advirtió que debe servir para que “se sepa todo” y la transparencia se extienda también a las decisiones del Gobierno dado que tuvo el mando único.

También manifestó que la comisión es “innecesaria” si se limita a la investigación de la gestión autonómica, cuando han publicado todos los documentos del comité de expertos y todos los datos de incidencia, mortalidad, personal o equipos de protección.

“Si se constituye la comisión de investigación se tendrán que estudiar todos los datos y decisiones que han influido en todas las olas y lo que hizo el Gobierno que tenía el mando único”, subrayó Igea, que recalcó que no tienen miedo a la investigación y están dispuestos, si se extiende a la acción del Ejecutivo central.

Lo más “antiobrero”

Por último, el número dos del Gobierno de Fernández Mañueco salió al paso de las críticas de los sindicatos por no incorporar ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la Comunidad, y aseguró que no puede haber nada más “antiobrero” que tener paralizados 88 acuerdos dentro del Plan de Empleo destinados a favorecer el empleo en la Comunidad por no conseguir una política de subsidios.

Igea explicó que a la Consejería de Empleo e Industria le corresponde en poner en marcha políticas activas de empleo para sacar del paro a los trabajadores y no ejercer una “acción sindical”

Por su parte, la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, también respondió al secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, que la acusó de encabezar la “cruzada antiobrera”, asegurando que lo fundamental en materia de trabajo es ayudar a los obreros de la Comunidad a que tengan un empleo, y explicó que la alternativa presentada al Diálogo Social para que no existan complementos a los ERTE es una propuesta que consiste en subvencionar los contratos a las personas que han sido despedidas, un total de 30.000 en el último año.