El Consultivo plantea una nueva ley para contar con más autonomía e independencia

El Consejo Consultivo de Castilla y León propone una nueva ley reguladora de este órgano que actualice contenidos obsoletos por el paso del tiempo y profundice en una serie de novedades dirigidas a profundizar en su autonomía e independencia como institución propia de la Comunidad.

Así se recoge en su Propuesta de Ley del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León elaborada por la institución en febrero de 2021 entregada a los presidentes de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de las Cortes, Luis Fuentes, y que está previsto remitir a los grupos parlamentarios.

El texto, que se define como un documento coherente e integrador, tiene el respaldo de todos los consejeros -la institución está formada por tres miembros electivos, entre ellos su presidente, Agustín Sánchez de Vega, y uno nato, el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera- y constituye su posición común, pero no está cerrado porque la potestad corresponde en último término a las Cortes.

Se trata, por tanto, de una propuesta de mejora técnica de la norma que regula la institución, integradora porque aprovecha en un solo texto el ejercicio de la función consultiva, propia del Consejo, y la “cuasi-jurisdiccional” del Tribunal Administrativo y es a coste cero, precisaron fuentes de este órgano.

Precisamente, en el contexto de la función consultiva del Estado, el Consejo Consultivo de Castilla y León es el único al que se adscribe el órgano encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública, por lo que considera que ambas funciones le confieren cierta particularidad, que ve merecedora de una regulación acorde con el ejercicio de tal “complejidad funcional”.

De esa manera, plantea un texto que se presenta como el resultado de varios meses de reflexión y debate interno sobre el papel y las funciones del Consejo Consultivo, como institución propia de la Comunidad, y sobre las competencias y funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, tras nueve años de funcionamiento conjunto y 18 desde la institucionalización del primero.

“Creemos que el resultado es un documento coherente, integrador y razonable, fruto de la experiencia acumulada en el ejercicio de las funciones atribuidas al Consejo y al Tribunal, y cuya principal virtualidad es servir al mejor ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses”, se resume en la propuesta interna.

Novedades

Así, plantea una serie de novedades dirigidas a profundizar en su autonomía e independencia; entre ellas, la exigencia de dedicación exclusiva de sus miembros, la mayor capacidad de decisión sobre la organización y el funcionamiento interno y la mejor eficiencia en la utilización de sus medios personales y materiales.

También, destaca que esta necesidad de profundizar en la autonomía es reiterada en lo sucesivos Informes de Justicia Administrativa del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA UAM) y la confirman las últimas reformas de que ha sido objeto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Según detalla, el carácter integrador está en la previsión de mecanismos para reforzar la imparcialidad en el dictamen y resolución de determinados asuntos de ámbito contractual susceptibles de ser conocidos por ambas instituciones, dada la coincidencia en la identidad de los consejeros electivos y vocales que respectivamente integran Consejo y Tribunal.

En la propuesta, se deja abierta la elección del presidente: elegido por el Pleno del Consejo o por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de entre sus miembros electivos. En este momento, es nombrado por las Cortes por mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo de entre sus miembros electivos.

La ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, que constituyó el marco legal necesario para su puesta en marcha, desarrollo y funcionamiento, data de abril de 2002, pero ha sido objeto de modificación en seis ocasiones. En tal sentido, considera que algunas de ellas “sustanciales”, y han afectado prácticamente “a todos” los elementos configuradores de la institución, como composición, funciones, estructura, organización y funcionamiento interno.