Hacia una sociedad más inclusiva desde el empleo y una vivienda accesible

El colectivo de la Discapacidad en Castilla y León pide que las obras de adaptación en las comunidades de propietarios sean obligatorias

La consejera de Familia, Isabel Blanco, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes; y el presidente del Cermi Castilla y León, Juan Pérez
La consejera de Familia, Isabel Blanco, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes; y el presidente del Cermi Castilla y León, Juan PérezMiriam ChacónIcal

El colectivo de la Discapacidad de Castilla y León ha celebrado este lunes las Cortes de Castilla y León un acto reivindicativo, con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Allí, el presidente del Cermi Castilla y León, Juan Pérez, desgranaba algunas de las peticiones y demandas de este colectivo que representa en Castilla y León a 170.000 personas. Entre ellas, avanzar hacia la plena inclusión de la mano de una vivienda digna y asequible, pero también y sobre todo, accesible como elemento «fundamental» para conseguir que estas personas puedan tener una vida independiente.

Al respecto, Pérez apuntaba a la necesidad de que se apruebe una Ley que garantice el derecho social a una vivienda y que se aumente el parque público para tal fin dedicando al menos el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Además, el presidente del Cermi apuntaba a una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para conseguir que las obras de adaptación para mejorar la accesibilidad en las comunidades de propietarios sean obligatorias si así lo pide una persona con discapacidad o una persona de 70 o más años.

Un mayor impulso a las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TIC, como medio importante de inclusión social y para que el colectivo pueda avanzar en accesibilidad web, alfabetización digital; y que las administraciones tengan en cuenta a estas personas en materia económica y laboral en las ayudas públicas para que ninguna de estas personas quede excluida de la sociedad y en vulnerabilidad, son otras de las reivindicaciones del sector de la Discapacidad que planteaba Juan Pérez.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, como anfitrión, se comprometía a dar voz al colectivo en la Conferencia de Asambleas Legislativas de Europa (Calre) que Castilla y León preside, así como a que el Parlamento impulse estas peticiones sobre la vivienda. Además , recordaba que en el corto plazo se deben adoptar medidas desde las políticas públicas sobre necesidades adaptadas al tercer sector alineadas con los objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

Finalmente, la consejera de Familia, Isabel Blanco, reconocía que aún queda mucho por hacer en favor de las personas con discapacidad, pero reafirmaba la apuesta por el empleo, con itinerarios personalizados, incentivos a las empresas para que contraten y acceso a un puesto público, para garantizar esa autonomía que quieren en el colectivo.

“Trabajamos cada día para que las 177.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León tengan “una vida independiente como ciudadanos de pleno derecho e igualdad”, señalaba,

Otras voces

En este acto intervenían también personas con discapacidad, como Mar Matías, en representación de Predif, quien se ha emocionado al hablar de la modificación del Código Penal el pasado diciembre para erradicar la esterilización forzada no consentida, al amparo de lo acordado en la Convención, informa Efe. “Son muchas personas abocadas a esta práctica sin su consentimiento, en muchos casos sin su conocimiento”, apuntaba al respecto.

Por parte de Down Castilla y León, Lucía González, apostaba por la educación “sin discriminación sobre la base de la igualdad de oportunidades y el modelo inclusivo”, y recordaba que se requiere “talento, inteligencia, voluntad y creatividad” de todos los que participan en la comunidad educativa.

En representación de la Federación Salud Mental, Estefanía Arias, denunciaba que España desoye las recomendaciones de la Comisión de regular sistemas de apoyo a la toma de decisiones, y pedía promover, proteger y asegurar el goce pleno de “todos los derechos humanos y libertades fundamentales” para las personas con discapacidad.