El mobiliario urbano y la sanidad están detrás de la mayoría de resoluciones del Consultivo

Pese a la pandemia y las restricciones y limitaciones existentes, el Consejo Consultivo de Castilla y León prosigue con su tarea de velar por que las administraciones públicas de la Comunidad cumplen con su papel ya sea la Constitución como el Estatuto de Autonomía, además del Derecho Europeo y el resto del ordenamiento jurídico.

Y en los tres primeros meses de este año, esta institución propia presidida por Agustín Sánchez de Vega ha aprobado un total de 113 dictámenes, de los cuales 72 se derivaron de consultas realizadas por administraciones más cercanas al ciudadanos como son las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales u otras entidades locales, según informan fuentes del Consejo Consultivo.

Los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. Concretamente han sido 83, estando la mayor parte de ellos relacionado con temas de mobiliario urbano y con el ámbito sanitario.

Burgos, con 21 dictámenes, y Valladolid, con 20, son las provincias con más asuntos en los que ha tenido que intervenir el Consejo Consultivo, seguida de León, con 15, y Salamanca, con catorce.

A ellas las siguen Palencia, con 10, Zamora, con 7, Ávila, con 6, Soria, con 4 y Segovia con 3. Además, hay otros trece expedientes cuyo ámbito territorial abarca varias provincias.

También forma parte de él el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Nueva Ley

Mientras tanto, El Consejo Consultivo de Castilla y León propone una nueva ley reguladora de este órgano que actualice contenidos obsoletos por el paso del tiempo y profundice en una serie de novedades dirigidas a profundizar en su autonomía e independencia como institución propia de la Comunidad.

Así se recoge en su Propuesta de Ley del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León elaborada por la institución en febrero de 2021 entregada a los presidentes de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de las Cortes, Luis Fuentes, y que está previsto remitir a los grupos parlamentarios.

Así, el Consultivo plantea una serie de novedades dirigidas a profundizar en su autonomía e independencia; entre ellas, la exigencia de dedicación exclusiva de sus miembros, la mayor capacidad de decisión sobre la organización y el funcionamiento interno y la mejor eficiencia en la utilización de sus medios personales y materiales.

También, destaca que esta necesidad de profundizar en la autonomía es reiterada en lo sucesivos Informes de Justicia Administrativa del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA UAM) y la confirman las últimas reformas de que ha sido objeto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El carácter integrador está en la previsión de mecanismos para reforzar la imparcialidad en el dictamen y resolución de determinados asuntos de ámbito contractual susceptibles de ser conocidos por ambas instituciones, dada la coincidencia en la identidad de los consejeros electivos y vocales que respectivamente integran Consejo y Tribunal.

En la propuesta, se deja abierta la elección del presidente: elegido por el Pleno del Consejo o por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de entre sus miembros electivos. En este momento, es nombrado por las Cortes por mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo de entre sus miembros electivos.