La Revista Jurídica aporta luz a la lucha contra la pandemia en Castilla y León

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el director de la Revista Jurídica de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, han presentado el nuevo número de la publicación sobre los retos jurídicos ante la covid.

En su intervención, el consejero ha destacado la relevancia y pertinencia de este número monográfico sobre la pandemia. “Es una exigencia ética y moral con nuestra sociedad, pretendiendo aportar desde Castilla y León nuestro grano de arena científico, que de alguna manera ayude al reconocimiento de todas aquellas personas que lamentablemente han sufrido sus consecuencias y a todas aquellas otras que han luchado por evitar o minimizar sus devastadores efectos” destacaba Ibáñez.

La presentación de la Revista también ha servido para poner en valor una publicación que cuenta con casi de 20 años de historia. En el año 2003, la Consejería de la Presidencia de la promovió su puesta en marcha, estableciendo como órgano responsable de su funcionamiento y organización a la Dirección de los Servicios Jurídicos, siendo el director de la misma el titular de este órgano directivo, que en la actualidad recae en la figura de Luis Miguel González Gago.

En referencia a su nacimiento, el consejero ha asegurado que estuvo basado en la convicción cierta y segura de la importancia social y educativa de promover el desarrollo de la gestión del conocimiento, bajo la necesaria aplicación de los principios de libertad de pensamiento y expresión, espíritu que se mantiene en la actualidad. “Siempre hemos considerado que el derecho a la libertad de expresión del autor de cada artículo presentado y publicado es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos, y es una garantía fundamental para asegurar el Estado de derecho y las instituciones democráticas”, indicó Ibáñez.

La publicación ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con el ánimo de lograr la mayor difusión posible, de forma que a partir del año 2021 adquirió formato electrónico, pudiéndose consultar en la página web de la Junta, así como en distintas plataformas de ámbito jurídico.

La Revista Jurídica de Castilla y León goza de un alto grado de permeabilidad y conocimiento, teniendo en la actualidad 1.600 suscriptores permanentes, logrando su difusión en las principales Administraciones, Instituciones y Entidades implicadas directa o indirectamente en el mundo del Derecho, la última de las cuales en interesarse por su divulgación entre todos los abogados colegiados de España ha sido el Consejo General de la Abogacía. Entre sus contenidos cuenta no solo con materias jurídicas de ámbito autonómico, sino con temas actuales de interés para todos los operadores jurídicos con independencia del ámbito territorial en el que desarrollen su actividad. Con el monográfico presentado en el día de hoy, que ya puede consultarse ( Revista Jurídica de Castilla y León ), la revista cuenta con 54 números publicados y 414 trabajos de investigación de gran calidad jurídica.

El consejero ha destacado la inmensa y desinteresada labor del Consejo de Dirección y Consejo Asesor, como responsables de la determinación de la línea editorial, su desarrollo, así como la valoración de cada artículo presentado y su difusión. “Este plantel de grandes y renombrados operadores jurídicos son los que realmente permiten que, día a día, o más bien cuatrimestre a cuatrimestre, como es su periodicidad, la Revista Jurídica pueda seguir saliendo y difundiéndose con una gran cantidad y calidad de artículos, y a los que lógicamente procede darles las gracias y el reconocimiento público que merecen”.

La jornada ha contado con la participación de los autores de los artículos presentes en el monográfico, personas de relevancia y prestigio que, moderados por el director de la Revista Jurídica, han arrojado luz sobre algunos de los temas que mayor trascendencia han tenido desde el inicio de la pandemia y que como tal han sido considerados desde el Consejo de Dirección y el Consejo Asesor de la Revista, como son la afectación de derechos y libertades fundamentales, la autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias para luchar contra la enfermedad, el impulso del trabajo a distancia o teletrabajo, las responsabilidades en los centros de personas mayores o de personas con capacidades diversas, la llegada de los fondos comunitarios de recuperación o la necesaria tecnificación y reorganización de la Administración de Justicia.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León (Ule), Susana Rodríguez Escanciano, explicó que su artículo publicado en la Revista Jurídica de Castilla y León aborda la digitalización de los procesos productivos, que ha hecho surgir nuevas formas de trabajo caracterizadas por la deslocalización de la actividad. Todo ello, precisó, ha sido posible gracias a los medios tecnológicos que permiten tanto una realización eficaz de la tarea profesional a distancia como un control preciso de su correcto desarrollo.

El artículo ‘Régimen jurídico del teletrabajo: aspectos sustantivos y procesales’ recoge que la experiencia de trabajo ‘on line’ había sido, hasta ahora, cuantitativamente escasa pero, a raíz de la pandemia del COVID, ha adquirido una proyección exponencial, hasta el punto que se ha convertido en una opción por la que muchas empresas van a apostar decididamente en el futuro en aras a la viabilidad del negocio.

Rodríguez Escanciano aseguró que el desarrollo de este cauce organizativo exige un marco regulador de los intereses de ambas partes de la relación laboral, acompañado del diseño de una garantía de equiparación de derechos entre teletrabajadores y asalariados presenciales.

Teletrabajo

Por otro lado, el consejero avanzaba que la negociación con las organizaciones sindicales del nuevo decreto de la regulación del teletrabajo de los empleados públicos de la Junta está “bastante” avanzada, por lo que confió en que una vez finalice se pueda iniciar la tramitación administrativa para que a lo largo de 2021 haya una aprobación de esa norma. Un decreto que, a su juicio, será una nueva herramienta, “más posibilista” y que dará mucha capacidad en la gestión del día a día en el trabajo de los empleados públicos de la administración autonómica.

Durante la presentación del número monográfico de la Revista Jurídica de Castilla y León con el título ‘Retos Jurídicos ante la COVID-19’, Ibáñez reconoció que, en la actualidad, se está en plena negociación con los sindicatos para “completar” todos los extremos del futuro decreto.

Además, señaló que la Administración autonómica lleva a cabo ahora el ajuste “necesario” de los planes de ordenación del riesgo entre los empleados públicos con problemas de salud, para evitar los contagios de COVID, que continúan en sus hogares con el trabajo no presencial. En este sentido, precisó que con el avance de las campañas de vacunación de ese personal permitirá la “progresiva” incorporación de los empleados públicos. Un personal que, añadió, no lleva a cabo, como tal, teletrabajo, ya que, tal y como marca la propia normativa, tiene unas condiciones diferentes.

En cuanto al número de trabajadores públicos que tienen previsto reincorporarse a su puesto físico, Ibáñez apuntó que la cifra es “fluctuante” al estar en un proceso de “plena revisión”.