El PSOE advierte de la dificultad de la aplicación Sacyl Conecta para las personas de mediana y avanzada edad

El PSOE alerta de las “dificultades” que para las personas mayores de Castilla y León supone el manejo del nuevo sistema de consultas a demanda establecido en Atención Primaria y pide un periodo de transición.

Los socialistas consideran que este nuevo método es un motivo de “discriminación”, para este colectivo que “no está familiarizado con las nuevas tecnologías”, así como “el conjunto del medio rural”, ya que “en muchas zonas” la calidad de las conexiones a Internet “deja mucho que desear”.

Los procuradores del PSOE por Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, han denunciado este domingo la situación existen en este ámbito y advierten de que al margen de la posibilidad de elegir entre atención médica telefónica o presencial, las citas se van a tener que pedir a través de las nuevas aplicaciones informáticas de Sacyl, algo que “para la gente más joven no supondrá un problema pero sí puede causarlo entre la gente de mediana y avanzada edad”.

Los parlamentarios abulenses se muestran partidarios de que “coexistan durante más tiempo las diferentes formas de pedir cita”, es decir, mediante el teléfono y a través de canales telemáticos.

Al respecto, Hernández y Blázquez entienden que los nuevos métodos “son necesarios y podrán reportar beneficios al sistema sanitario”, pero precisan que “no deberían de sustituirse sin un periodo de transición al nuevo sistema, para que los usuarios de cada zona básica de salud se fueran adaptando en función de sus particularidades”.

Los dos procuradores socialistas dicen haber constatado “las dudas” que, sobre todo en el medio rural, está generando la puesta en funcionamiento de la nueva aplicación del Sacyl.

En esta línea, han apuntado que “una vez más, la Junta obligará a los ayuntamientos a solucionar con sus medios el problema que se crea, asumiendo competencias impropias para ayudar a la gente y explicar cómo se utiliza, o incluso contratando personal para realizar las gestiones”.

Lista Roja de Patrimonio

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha denunciado que el número de monumentos de la Comunidad incluidos en la Lista Roja del Patrimonio, que elabora la asociación Hispania Nostra, se ha disparado en los dos últimos años un 16 por ciento, pues son ya 312 los bienes que integran dicha lista, frente a los 268 que había en agosto de 2019.

Con 312 bienes, Castilla y León es la Comunidad con más patrimonio en la Lista Roja, por delante de Andalucía (138), Castilla-La Mancha (100) y Aragón (91). Por provincias, León se sitúa a la cabeza del conjunto nacional con 53, seguida de Palencia y Zaragoza, con 44, Soria (43) y Burgos (41).

Según el PSOE, desde que se constituyó el nuevo gobierno de la Comunidad (PP y Ciudadanos), lejos de reducirse y corregirse la situación, la Lista Roja ha crecido y cuatro de las cinco provincias españolas con más monumentos en riesgo, son de Castilla y León; León, Palencia, Soria y Burgos.

Por su parte, el portavoz de Cultura y Turismo del grupo parlamentario socialista en las Cortes autonómicas, José Ignacio Martín Benito, ha vuelto a denunciar la falta de atención que tiene el patrimonio de la comunidad, “pues la Junta sigue sin apostar por nuestro principal recursos turístico”.

Además, también critica que en Castilla y León el único 1,5 por ciento cultural que invierte es el del Estado, ante la ausencia de la Junta, “incapaz de aplicar políticas de mantenimiento y conservación de uno de los valores esenciales de la Comunidad, recogido en el Estatuto de Autonomía”, indica el procurador socialista.

Por último, Martín Benito argumenta que la inversión dedicada por parte de la Junta al patrimonio cultural sigue anclada en un 0,20 por ciento del presupuesto consolidado de la Comunidad. Así, con tan pocas mimbres, no se pueden impulsar políticas de recuperación y puesta en valor”, señaló, al tiempo que acusó al presidente de la Junta, Fernández Mañueco, de incumplir su compromiso electoral de dedicar al patrimonio cultural el 1% del presupuesto consolidado de la Comunidad.