Preacuerdo de la PAC: división de opiniones en el campo de Castilla y León

Este viernes por la noche se conocía que la instituciones de la Unión Europea habían alcanzado un principio de acuerdo para el próximo periodo de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027, que empezaría a aplicarse en 2023. Un preacuerdo con pros y contras para el campo de Castilla y León y que se ha interpretado de diferentes maneras desde las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), donde existe división de opiniones en según qué cuestiones, con organizaciones más críticas, como Asaja o la Unión de Campesinos de castilla y León (Uccl) y más satisfechas, como Coag especialmente.

Desde el Gobierno autonómico, el consejero Jesús Julio Carneroha pedido conocer el acuerdo definitivo para hacer una valoración en profundidad sobre la PAC pero lo que sí ha asegurado es que ahora se abre un intenso periodo de negociación interna en España para tratar de mejorar las condiciones a través del Plan Estratégico Nacional que debe ser aprobado en comisión, algo en lo que coinciden también todas las organizaciones agrarias.

Así, por ejemplo, desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se muestran más o menos satisfechos con el preacuerdo alcanzado en la Europa de la Unión “aunque con reservas” a la espera de que se cierre definitivamente. Si bien, desde esta organización agraria ponen en valor el acuerdo sobre los llamados eco esquemas, o lo que es lo mismo, que se haya fijado en un 20 por ciento las ayudas vinculadas a estos en los dos primeros años y de un 25 por ciento desde 2025. “Tal y como están planteados deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión”, apuntan desde UPA, desde donde defienden igualmente que sea opcional el techo de ayudas por explotación “para acabar con los grandes terratenientes”.

En Coag es donde más optimistas y contentos se han mostrado en torno a este preacuerdo de la PAC, ya que consideran que el nuevo modelo será positivo para los profesionales del campo de castilla y León, especialmente por el impacto de estos ecoesquemas, las primas y, sobre todo, que se haya establecido al menos el 10 por ciento de los pagos directos para apoyar a las producciones pequeñas y medianas o las ayudas para promover prácticas sostenibles contra el cambio climático además de la flexibilización financiera. Pese a ello, en Coag reconocen que este nuevo periodo requerirá también un esfuerzo de adaptación por parte del campo castellano y leonés para poder seguir percibiendo las ayudas en el futuro.

Menos contentos se han mostrado en la Uccl, sobre todo desde el punto de vista medioambientlal. Y es que el paquete de medidas en este sentido no ha gustado nada a este sindicato liderado por Jesús Manuel González Palacín, que lamenta las exigencias que incluye este paquete “sin justificación”.

“Parece que queremos salvar el mundo desde Europa nosotros solos y eso nos va a restar mucha competitividad”, advierte el dirigente agrario, a quien tampoco le gusta el 20 por ciento de las ayudas directas a los ecoesquemas o el 10 por ciento para las pequeñas y medianas explotaciones “porque se les exige menos cuando están en manos de agricultores no profesionales”, apunta.

Pese a ello, no arrojan la toall y consideran desde Uccl que se puede mejorar el acuerdo con un plan estratégico nacional que defina al agricultor genuino con el objetivo de que nadie cuyos ingresos agrarios estén por debajo del 25 por ciento se sus ingresos totales cobre la PAC.

Pero los más críticos y descontentos con este preacuerdo son los agricultores y ganaderos de Asaja. Su líder en Castilla y León, Donaciano Dujo, se ha mostrado visiblemente cabreado con este principio de acuerdo que ve perjudicial para los intereses del campo de esta Comunidad.

“Es un mal acuerdo”, denuncia el líder agrario, que al igual que Uccl levanta la voz para quejarse de las exigencias medioambientales que incluye el texto “que no sirven para nada salvo para desmantelar al sector”, advierte.

El presidente e Asaja va más allá incluso al asegurar que los americanos y los rusos “se estarán riendo a carcajada limpia” con este acuerdo y alerta asimismo de la “escasa” ayuda a la calidad, la seguridad y las garantías sanitarias que se da en el acuerdo, algo en lo que Castilla y León y España es fuerte.

En relación a los ecoesquemas, Dujo asegura que cualquier porcentaje es elevado pero insiste en el condicionante medioambiental, por lo que espera y confía en que se pueda solucionar algo el documento a través del Plan Estratégico Nacional y respecto al 10 por ciento de las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones, tampoco le gusta esta medida en el caso de que se dirijan a agricultores que no cotizan a la Seguridad Social y que tienen a la agricultura como segunda actividad.

La nueva PAC no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2023. En total, la Política Agrícola Común tiene un presupuesto de 390.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 47.724 millones en los próximos siete años. Con 34.000 millones para pagos directos y 7.800 para desarrollo rural.

Durante las negociaciones, el Parlamento Europeo insistió en que la PAC fuera más verde, con más prácticas a favor del medio ambiente. Finalmente, se decidió que al menos el 35 por ciento del presupuesto para el desarrollo rural se apliquen normas dedicadas al cambio climático.