Castilla y León dice no al fraude y la corrupción

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco aprobó el proyecto de ley por el que se regula la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y se establece el estatuto de las personas denunciantes, cuyo ámbito de aplicación abarca a todos los colectivos y personas físicas que perciban ayudas autonómicas.

Así lo anunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que recordó que se trata de un compromiso del acuerdo de gobernabilidad firmado en 2019 por PP y Cs ante “la percepción en la sociedad” de corrupción en las instituciones.

De carácter independiente y autónomo, éste nuevo órgano estará adscrito a las Cortes de Castilla y León y su responsable será nombrado por tres quintas partes de los grupos del Parlamento autonómico. Igualmente, se amplía el concepto de denunciante a cualquier persona que se dirija a la oficina, incluso desde el anonimato.

Así, el proyecto de ley aprobado hoy por el Ejecutivo autonómico pretende configurar un instrumento para la prevención y para la investigación e inspección en la lucha contra el fraude y la corrupción y para un correcta utilización por quienes reciben fondos públicos.

Se asienta la creación de esta Oficina en que la ley de 2016 por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, se limita al seno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a unos delitos muy concretos.

Con esta nueva ley de la Consejería de Transparencia, como indicó Igea, se busca ampliar el ámbito de actuación y hacerlo extensivo a cualquier irregularidad en la toma de decisiones o el manejo de fondos públicos, alcanzando, no solamente a quienes intervienen en su gestión desde la Administración, sino también a cuantas personas físicas o jurídicas pudieran convertirse, a través de los distintos mecanismos jurídicos, en perceptores de fondos públicos.

Realizar estudios y análisis de riesgos que permitan detectar conductas potencialmente fraudulentas o corruptas; diseñar y programar, en colaboración con los órganos competentes, acciones formativas y de divulgación en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción; y contribuir a la implantación y difusión de una cultura de responsabilidad en la ciudadanía serán las funciones de este nuevo órgano.

En cuanto a la investigación y la inspección, recoge que cualquier persona puede dirigirse a la Oficina para comunicar conductas que puedan ser susceptibles de inspección e investigación. Para ello, la Oficina establecerá procedimientos y canales confidenciales para la formulación de denuncias, como su presentación por escrito, por correo, mediante un buzón físico, una plataforma en línea e incluso verbalmente, por línea de atención telefónica.

Para la actuación de la Oficina se establece un procedimiento, que implica funciones de inspección e investigación, cuya duración se fija en seis meses, ampliables por otros seis meses, durante el cual, se incorpora la posible adopción de medidas cautelares cuando se consideren necesarias para garantizar la eficacia y el resultado de las actuaciones.

Régimen sancionador

Una vez finalizadas las actuaciones, se emitirá un informe que se remitirá, si se apreciaran indicios de infracción administrativa, al órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador. En el caso de que se apreciaran indicios de delito penal, el informe se remitirá al Ministerio Fiscal o al órgano judicial que corresponda y en el caso de que se pueda derivar una posible responsabilidad contable, se trasladará a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.

Se establece un régimen sancionador que delimita claramente las infracciones muy graves, graves y leves, que giran, como ya se recogiera en la ley de 2016 en torno a la presentación de denuncias manifiestamente falsas, pero añadiendo, además, todo un elenco de actuaciones y omisiones que, de un modo u otro, obstaculicen la investigación de la Oficina. Igea precisó que pueden llegar hasta los 300.000 euros.

Durante la presentación del texto, el vicepresidente de la Junta aseguró que con este organismo impedirá que “cualquier persona” condenada por corrupción tenga acceso a ayudas públicas. “Con esta agencia se evitará que nadie que sea poderoso, con muchos medios de comunicación y mucha capacidad de presión, que te pueda torcer la voluntad de la administración pública”, aseveró para recordar que con este proyecto se cumple uno de los punto recogidos en el pacto entre el PP y Ciudadanos que permitió el Gobierno de coalición.

Por último, a preguntas de los periodistas, insistió en que ninguna empresa que esté participada por alguien condenado por corrupción puede recibir ayudas públicas e insistió en que “es muy sano para la Comunidad que se establezcan este tipo de normas”. “Es un buen día para la Comunidad”, zanjó y prosiguió: “es bueno que la gente entienda que este tipo de comportamientos no es compatible y tienen la reprobación de los responsables públicos”.

Luz y gas en los colegios

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico autorizó la contratación del suministro de energía eléctrica y de gas natural para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe total de 7.797.532 euros. Ambos contratos serán adjudicados con un plazo de ejecución de un año a partir del 1 de enero de 2022. La Junta prevé sus adjudicaciones en octubre sin posibilidad prórroga.

La Consejería de Educación ha iniciado la tramitación de dos expedientes de contratación. Por un lado, del suministro de energía eléctrica para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 5.143.114 euros con el objetivo de garantizar su funcionamiento. El presupuesto de licitación, supone un incremento de 1.141.399 euros respecto del contrato de 2021, debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de junio de este año, de la nueva estructura tarifaria. Así, la previsión de consumo de electricidad por los centros docentes públicos afectados, de acuerdo con los datos que facilita el Ente Regional de la Energía (EREN) para dicho ejercicio, aumentará.

Centros de día

Además, cinco centros de día de mayores de Zamora recibirán 95.431 euros para reanudar las actividades con la tercera edad. El Consejo de Gobierno dio a conocer hoy la partida para la contratación de los servicios de limpieza de estos centros, dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia de Zamora. En tres de estas instalaciones se van a reforzar estas tareas y en otras dos se retoman de nuevo, una vez que se han reanudado las actividades para los usuarios.

La contratación a la que va a proceder la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades viene motivada por la necesidad de ampliar los servicios de limpieza en los centros de día para personas mayores de San Lázaro (en la capital), La Vega (en Benavente) y Los Cinco Pilares (en Toro) -como consecuencia de la reapertura total de la actividad en estas instalaciones- y de la puesta en marcha de nuevo de los mismos servicios en los centros Tres Árboles y Los Bloques (Zamora ciudad) -que habían permanecido cerrados-.