Protestan en Valladolid contra la precariedad laboral e “inasumible” temporalidad de los funcionarios

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha protestado este martes en las calles de Valladolid contra la precariedad laboral en el sector público, ha pedido “consolidar personas, no plazas” e instado a la aplicación de la directiva europea sobre trabajadores temporales que les permita “llevar una vida social digna y conciliable con su vida familiar”.

Unas doscientas personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Valladolid y se han manifestado hasta la delegación del Gobierno para rechazar la “alta precariedad” que afecta a unos 30.000 empleados públicos de Castilla y León por encontrarse “en abuso de temporalidad y en fraude de ley”.

El secretario general de USCAL, Manuel Martínez, ha recordado la directiva europea de 1999, que no ha traspuesto el Estado español, que fija que el personal temporal tenga los mismos derechos y no se le pueda discriminar respecto a los trabajadores fijos, y que todos tengan “estabilidad en el empleo que les permita llevar una vida social digna y conciliable”, informa Efe.

El secretario general de la USCAL ha detallado que la no transposición de la directiva europea ha generado una bolsa de empleo temporal “de tal calibre que ahora es absolutamente inasumible”, y que imposibilitará la llegada de los fondos de recuperación y resiliencia europeos porque uno de sus requisitos es que la precariedad en el empleo esté por debajo del 8 por ciento.

Igualmente, ha tildado de “fracaso absoluto” los intentos realizados por diferentes gobiernos como el acuerdo alcanzado con el exministro Cristóbal Montoro, que ha indicado que solo ha consolidado el 10 por ciento de puestos de los 800.000 empleados públicos temporales que hay en España.

La propuesta del sindicato pasa por hacer una inspección “rigurosa y seria” para conocer qué puestos de trabajo se encuentran en fraude de ley y abuso de temporalidad y que automáticamente como sucede en la empresa privada, los afectados pasen a ser empleados fijos de la administración en la que desarrollen sus funciones.

Además, ha desglosado que la administración del Estado es la que menos temporalidad tiene, seguida por las autonomías, que en Castilla y León ronda el 30 por ciento, y siendo las corporaciones locales las que más empleados públicos temporales tienen, superando el 50 por ciento.

A partir de este procedimiento, según Martínez tendría que haber un proceso selectivo consistente en concurso de méritos y a partir de ahí “poner el contador a cero para que las administraciones públicas cumplan con las leyes de función pública” y todos los años convoquen las ofertas públicas de empleo que correspondan.

Finalmente, ha advertido que las administraciones públicas tienen unos tres millones y medio de efectivos en España, de los cuáles se jubilarán cerca de medio millón en el próximo lustro y tres millones en la próxima década, por lo que ha pedido que se cumpla la ley y el estatuto básico del empleado público presentando las ofertas públicas de empleo que deban cubrir según sus necesidades.