Condenan a Sacyl con más de 300.000 por una peritonitis mortal tras una operación

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha condenado a la Consejería de Sanidad y a su aseguradora al pago de una indemnización de 300.000 euros a la viuda e hijos de una paciente de 61 años que falleció al sufrir una peritonitis tras ser sometido a una ilestomía -cirugía se realiza cuando el colon o el recto no está funcionando apropiadamente- en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

La intervención, cuyos servicios jurídicos tramitaron el caso, tuvo lugar el 30 de agosto de 2017 y tras la misma el paciente presentó dolor abdominal intenso en los días sucesivos, dolor que no cesó a pesar de la administración de calmantes. A pesar de ello, no se realizó un TAC abdominal o cualquier otra prueba de imagen para comprobar que no se hubiera producido una complicación postquirúrgica.

Tras a cirugía, al quinto día el paciente presentó dolor abdominal intenso en los días sucesivos, que precisó continuamente adelanto de analgesia y múltiples rescates con cloruro mórfico que no obstante no consiguieron aliviar del dolor.

Y a pesar de ellos “no se consideró oportuno realizar TAC abdominal o cualquier otra prueba de imagen para comprobar que no se hubiera producido una complicación postquirúrgica”, explicó “El Defensor del Paciente”.

El Alto Tribunal aprecia que hubo infracción “desde el momento en el que la posibilidad de una infección y de que se produjera una peritonitis está contemplada como una complicación inherente al tipo de cirugía a que fue sometido el paciente, por ello debía extremarse las precauciones ante el mínimo síntoma que pudiera evidenciarla, siendo el dolor uno de sos síntomas, aunque no concurrieran otros”.

De acuerdo al fallo recogido por Efe, la Sala no cree “justiciado” que ante el dolor intenso del paciente y estando en el hospital “no se lleve a cabo una mínima actividad dirigida a excluir las causas que motivaban el dolor sufrido, más allá de enmascararlo mediante suministro de morfina”.

Para el TSJ de Castilla y León, un diagnóstico precoz de la perforación y la intervención quirúrgica urgente “posiblemente hubiera evitado las complicaciones que determinaron el fallecimiento del paciente, aunque no cabe excluir por completo” que hubiera muerto igualmente.

Por ello, la Sala ha recudido en un 20 por ciento la indemnización inicial que pedía la familia, y la Sanidad regional y su aseguradora deben pagar más de 109.000 euros a la viuda, y 93.907 a cada uno de los dos hijos, más los intereses legales en cada caso desde la reclamación administrativa.