Castilla y León en pie de guerra por la inclusión del lobo como especie protegida

La Junta de Castilla y León presentará en los próximos días un recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial publicada en el día de ayer y donde se incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial, Lespre. Un recurso consensuado con los representantes de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitará además medidas cautelares que paralicen la aplicación por los daños que causará en dichos territorios.

Una decisión no entendible desde el Gobierno regional, cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en redes sociales, ha señalado que desde Castilla y León “siempre hemos mantenido la misma postura: protegemos y defendemos a nuestros ganaderos y nuestra riqueza natural. Apostamos por la caza sostenible como elemento imprescindible para la conservación y la mejora de la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente”.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha insistido en que no existen razones que justifiquen esta decisión que califica como «puñalada» a los intereses de Castilla y León, con el fin de hacer el caldo gordo «a determinados sectores ecologistas» y que además va «en contra de la población rural».

El consejero ha recalcado que la consideración del lobo como especie de protección especial impide su gestión ordenada y racional, provocará un perjuicio enorme a la ganadería de la Comunidad y que repercutirá en el abandono de los pueblos y en el agravamiento de la despoblación.

Por último, Suárez-Quiñones explicó que a partir de ahora el lobo será tratado en todo el territorio con los mismos controles que actualmente se aplican al Sur del Duero y apuntó como dato ilustrativo el hecho de que al norte del Duero vive el 75 por ciento de la población de lobos y provocan el 25 por ciento de los daños, mientras que al sur del Duero vive el 25 por ciento de la especie y presenta el 75 por ciento de los daños.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha indicado que «estamos asistiendo a una sinrazón y por esa razón debemos de proteger nuestra ganadería y a nuestros ganaderos si lo que queremos es afrontar de manera clara el reto demográfico. Defendiendo el lobo de una manera tan desequilibrada no estamos luchando contra la despoblación sino que la estamos favoreciendo».

“Nos ponen en un momento de sinrazón, de proteger de lo que nos tenemos que proteger” y según consideró “esto solo debemos de hacerlo desde un diálogo abierto” al entender que “se puede convivir todos, pero todo en sus justos términos”, ha apuntado Carnero.

Reacción de las OPAs

Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar por parte de las organizaciones agrarias en la Comunidad (OPAs). desde COAG Castilla y León ha pedido a los grupos de las Cortes que declaren persona “Non Grata” a Teresa Ribera por su política del lobo, debido a su decisión unilateral y por “sobreproteger” al lobo en perjuicio de la economía regional de las zonas rurales más deprimidas.

Desde UPA Castilla y León se ha calificado de “ofensa inadmisible” para los agricultores y ganaderos, al quedar desamparados frente a la expansión del cánido por todo el territorio. Una decisión que, en su opinión, sólo cuenta con el beneplácito de los lobbys ecologistas de índole urbanita”.

Mientras, la Unión de Campesinos (UCCL) ha criticado la “imposición del ecologismo radical” del Ministerio, en lo que consideran un “ataque frontal” a la ganadería extensiva y una “presión insoportable” para muchas explotaciones de la Comunidad.

Por último, Asaja cree que Ribera “redobla su prepotencia” al anticipar la protección del lobo, en los que entienden un “ataque en toda regla contra los ganaderos”.