Solo 15 de cada 100 jóvenes menores de 30 años de Castilla y León vive emancipado

Tan solo el 15.3 por ciento de la población joven de Castilla y León vive emancipado, que supone 1,5 puntos menos que antes de la crisis por la covid, que llegaba al 16,9. Así al menos se desvela en los datos del Observatorio de Emancipación del segundo semestre que ha presentado el Consejo de la Juventud junto con el Consejo Económico y Social, y donde se refleja de qué manera ha afectado la reactivación económica a este colectivo tras la irrupción del virus.

Respecto al nivel de estudios, la proporción de personas jóvenes con nivel formativo en estudios superiores descendió en un 3,43 por ciento, situándose en el 27,5 por ciento, aunque muy por encima de la media nacional. En cuanto a la emancipación y nivel de estudios, el grupo formado por las personas que habían completado estudios primarios obtenía la mayor tasa de emancipación residencial, alcanzado el 55,3 por ciento.

Otra de las particularidades de Castilla y León ha sido su saldo migratorio interautonómico negativo (-9.2 por ciento) ya que en 2019 un total de 2.720 personas jóvenes abandonaron la Comunidad para trasladarse a otros lugares de España.

A finales de 2020 la tasa de actividad era del 48,8 por ciento, tras un aumento de casi dos puntos con respecto al primer semestre del año, y entre las nuevas contrataciones efectuadas entre menores de 30 años predominaban los de duración temporal, para el 93,2 por ciento de los casos. No obstante, a finales de 2020 se produjo un descenso de la tasa del paro situándose en el 22,9 por ciento para este colectivo, muy por debajo de la media nacional que llegaba al 30,2 por ciento.

Por último, el coste teórico de acceso a la vivienda libre “resulta inasumible para una persona joven asalariada”, debido a que implicaría sobrepasar el umbral del 30 por ciento de endeudamiento máximo, y debería destinar el 62,3 por cuento de su salario para el pago de la renta de alquiler y un 38 por ciento para la cuota hipotecaria.

La presidenta del Consejo de la Juventud, Sandra Ámez, reconocía que el “colectivo juvenil se encuentra inmerso en una precariedad y fragilidad laboral, que repercute en las expectativas y proyecto vitales de la población joven”, algo que en su opinión ha llevado a un “aumento de los problemas de salud mental debido a la inestabilidad e incertidumbre sobre nuestro futuro”, por lo que ha pedido desarrollar e impulsar políticas de juventud eficientes.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, consideró que el gran potencial educativo de los jóvenes de la Comunidad debe traducirse en una “suerte” para la Comunidad. “La formación de los jóvenes es uno de los pilares del desarrollo social, económico y empresarial, que ha de repercutir en el empleo”, manifestó. Expuso que Castilla y León tiene lo que otros territorios demandan por que, a su juicio, es inadmisible formar a jóvenes para que, luego, realicen su actividad y generen riqueza fuera. A su juicio, es un asunto que debe “ocupar” a las administraciones para corregir estos “desajustes”.