La Junta de Castilla y León plantea aprobar 17 proyectos de ley, 99 decretos y 18 órdenes de desarrollo en 2022

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco aprobó el calendario normativo del año 2022, que plantea la aprobación de 17 proyectos de ley, 99 decretos y 18 órdenes de desarrollo. Entre ellos, están los proyectos de ley reguladora de la función pública, de modificación del Estatuto de altos cargos, dinamización demográfica, cooperación al desarrollo, patrimonio cultural, cambio climático y transición energética de Castilla y León, garantía de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida y de atención Integral a las víctimas de violencia de género, entre otros.

El calendario que será publicado en el Portal de Gobierno Abierto, con la previsión de elaboración de cualquier norma por parte de todas las consejerías. En relación con cada propuesta normativa, en este documento se indican los objetivos perseguidos en cada caso, el trimestre aproximado de inicio de su tramitación o si ya está iniciada, el trimestre aproximado de aprobación del proyecto de Ley o norma reglamentaria correspondiente, los sectores afectados y las normas que modifica o deroga.

El calendario incluye disposiciones que ya se encuentran en tramitación en el presente ejercicio y otras cuya tramitación se iniciará en el próximo, pero en ambos casos, se trata de disposiciones que se aprobarán en 2022. Recoge disposiciones que no se llegaron a aprobar en 2021 e incluye como novedad tres proyectos de ley, 31 decretos y 10 órdenes que no estaban incluidos en el calendario 2021.

La Junta destacó que este calendario normativo es una herramienta que permite racionalizar la actividad de producción normativa, y junto con la huella normativa, facilita la intervención de todos los agentes implicados en los procedimientos de elaboración de normas, aumenta la transparencia de la actividad normativa y mejora los procesos de consulta y la calidad de la participación, cuestiones todas ellas que favorecen la creación de un marco normativo más predecible, claro y de mayor certidumbre para todos los participantes.

Acuerdos

Además, el Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el nombramiento de Enrique Rivero como director general de Transparencia y Buen Gobierno, en sustitución de Joaquín Meseguer.

Por otra parte, Los 131 titulares de 243 concesiones de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera recibirán una subvención de 22,7 para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos como consecuencia de la reducción de la movilidad correspondiente al año 2021. Dicha cantidad se suma a los 9,3 millones de euros ya concedidos el pasado mes de junio, lo que supone un total 32,1 millones de euros destinados al mantenimiento anual del servicio público de transportes en Castilla y León, según aseguró el vicepresidente.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, garantiza el mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad mediante la concesión de subvenciones directas destinadas a paliar el déficit de explotación de sus empresas concesionarias del transporte público regular de viajeros por carretera.

“Es un esfuerzo presupuestario imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector, que se encuentra muy atomizado, pero a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de nuestras ciudades y pueblos. Se trata de subvenciones a 243 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 131 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos”, destacó el Ejecutivo autonómico.

En materia educativa, la Administración regional dio luz verde al nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE), cuyo período de vigencia se extiende hasta el 31 de octubre de 2023 y cuenta con un presupuesto total de 7,1 millones de euros. El nuevo documento es coherente con el desarrollo y experiencia del anterior, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027, y conforme a lo previsto en el Programa Operativo FEDER.

El nuevo documento configura itinerarios que favorecen la colaboración entre universidades y empresas, impulsa la investigación aplicada en las universidades y estimula el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica en el ámbito universitario. Además, para este nuevo período, añade un pilar específico orientado a mejorar la cultura científica y a incrementar las vocaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología (STEM), sobre todo entre las niñas.

Otros aspectos innovadores del nuevo plan son la colaboración con los diferentes niveles educativos -especialmente con la Formación Profesional-, el incremento de las actuaciones en los campus periféricos o la interacción con los agentes sociales entendiendo el emprendimiento social innovador como palanca de cambio. Además, el documento incorpora un especial compromiso con los retos sociales de la Comunidad con especial atención a la atracción y retención de talento, la transición ecológica y digital y la lucha contra la despoblación a través de la conexión de la ciencia y el entorno productivo. El plan se articula en tres grandes pilares que agrupan un conjunto de 14 medidas específicas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno autorizó la propuesta de acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se autoriza la delegación en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la elaboración y tramitación del Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación del Parque Tecnológico de León.

Según recordó la Junta, en la actualidad el Parque Tecnológico de León es un enclave empresarial, situado en el municipio de León, al suroeste de la ciudad, al este de Oteruelo de la Valdoncina, que cuenta con una importante red de comunicaciones y un fácil acceso tanto a la autopista de Astorga como a las autovías de Benavente y Burgos.

En materia sanitaria, Igea anunció un gasto de 808,9 millones de euros para la contratación hasta 2028 del servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como programado, en un incremento presupuestario de un 113,8 por ciento anual respecto a los importes vigentes. El objetivo de la Junta es aumentar el número de ambulancias en todas las provincias, pasando de las 605 actuales a las 763 previstas, es decir, 158 más, para “mejorar y reforzar la cobertura asistencial, sobre todo en el medio rural”. El contrato tendrá una duración de cuatro años, prorrogable otros dos más.

Asimismo, señaló que este cálculo económico ya recoge la estimación del incremento salarial que “se solicitaba por parte de los trabajadores”, que en los últimos meses han protagonizado medidas de presión al respecto.

El acuerdo del Ejecutivo autonómico se refiere a la contratación del servicio de transporte sanitario terrestre a partir de julio de 2022, tanto urgente como no urgente, en sus modalidades urbana, interurbana, interprovincial, desde y hacia otras comunidades autónomas y, excepcionalmente, desde y hacia fuera de territorio nacional, para los pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud tenga el deber legal o convencional de prestar asistencia, en vehículos especialmente acondicionados al efecto.