¿Por qué en Castilla y León son cuatro años de legislatura?

La comunidad castellano y leonesa no está obligada en su Estatuto a someterse al régimen común que convoca elecciones autonómicas y municipales para mayo de 2023, como sí ocurre en Madrid

Vista del hemiciclo de las Cortes de Castilla y León durante el debate
Vista del hemiciclo de las Cortes de Castilla y León durante el debate FOTO: ECOGEO Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido este lunes apretar el botón rojo para disolver las Cortes regionales y convocar elecciones anticipadas para el 13 de febrero del próximo año. O lo que es lo mismo, un año y cuatro meses antes de lo previsto para el fin de la presente legislatura.

Estos comicios darán pie a una una nueva legislatura de cuatro años en Castilla y León, porque a diferencia de la Comunidad de Madrid, la región castellano y leonesa no está obligada a someterse al régimen común que convocará para mayo de 2023.

En territorio madrileño, según su Estatuto de Autonomía, las elecciones a la Asamblea de Madrid se celebran el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, coincidiendo con las municipales y autonómicas de la mayoría de las regiones de la España autonómica. Por lo que el mandato de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ganó las elecciones anticipadas que convocó por temor a una moción de censura el pasado mes de mayo, tiene por delante un mandato hasta 2023, limitado por el término natural de la legislatura original.

Pero no es el caso de Castilla y León, donde la próxima legislatura empezará a contar desde que se elija presidente de la Junta en las Cortes y durante los cuatro años siguientes salvo que volvieran a disolverse las Cortes y convocarse nuevamente elecciones anticipadas.

En el Estatuto de Autonomía de Castilla y León no se indica nada de que Castilla y León debe seguir el régimen común del resto de autonomías, si bien en el punto cinco del artículo 21 del estatuto de Autonomía se explica que las Cortes de Castilla y León son elegidas por cuatro años y que el mandato de los Procuradores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Y esto es así después de que en la última reforma estatutaria de 2007 se suprimiera la pertenencia de la Comunidad a este régimen común y que Castilla y León tenga ahora un régimen propio, como ya lo tienen otras autonomías como Andalucía, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana o Cataluña, que cuentan con otro calendario electoral.

Desde el PP, el portavoz del Grupo parlamentario, Raúl de la Hoz, defiende este hecho diferencial, que considera relevante también, y asegura que lo que no tiene sentido es lo ocurrido en Madrid y que en el Estatuto de la región madrileña se mantenga el texto original.

En el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el punto uno, se apunta que es el presidente de la Junta, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación de la Junta, el que puede acordar la disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León. Y en el punto dos se explica que no podrán disolver las Cortes cuando se encuentre en tramitación una moción de censura; durante el primer período de sesiones de la legislatura; o antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara efectuada al amparo de este artículo.

En el tercer punto del artículo 37 se señala que la disolución de las Cortes se acordará por el Presidente de la Junta mediante decreto que incluirá la fecha de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y demás circunstancias previstas en la legislación electoral.

Cuatro proyectos de Ley sin aprobar

La disolución de las Cortes ha dejado sin aprobar en esta legislatura cuatro proyectos de Ley que se encontraban ya en su tramitación parlamentaria, que han decaído tras la convocatoria de elecciones. Entre ellos el de los Presupuestos Generales de la Comunidad, detonante según parece del fin de las relaciones entre PP y Ciudadanos, a cuenta de las enmiendas de Por Ávila y el pacto de Ciudadanos con la formación abulense a espaldas del presidente de la Junta, según denunciado Fernández Mañueco.

El resto de proyectos de Ley que se quedan a la espera son el de acceso a la información pública y su reutilización en la Comunidad de Castilla y León; que se une a los de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio y la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Todos ellos dependientes de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior que dirigía hasta hace unas horas el también ex vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha cesado en su cargos, y ya ha pedido regresar a su plaza de médico en el Hospital de Palencia.

Junto a ellos, también estaba a la espera de recibir la aprobación de los grupos políticos el proyecto de derechos y garantías de las personas al final de su vida.

Además, hay otros nueve textos han cerrado su tramitación en el Portal del Gobierno Abierto y exposición pública por lo que estaba cerca su visto bueno por el Consejo de Gobierno, como paso previo también a su tramitación en las Cortes.

Se trata de los de atención integral de víctimas de violencia de género, de modificación del derecho a la vivienda, de función pública, de régimen jurídicos de altos cargos, de participación ciudadana, de un modelo de atención residencial para cuidados de larga duración, de patrimonio cultural, de dinamización demográfica y de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida.