Barcones destaca convocatorias de empleo público para jóvenes de 16 a 30 años

La delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Virginia Barcones, destacó que las últimas convocatorias de ayudas públicas en la recta final del pasado año tenían como destinatarios a jóvenes de 16 a 30 años y que, a su juicio, es fundamental desarrollar medidas con el objetivo de que los jóvenes tengan oportunidades de encontrar “un trabajo de calidad”.

Al respecto, se refirió a la oportunidad que abren los fondos Next Generation para financiar programas de empleo y formación, como la partida de 687,7 millones de euros destinados a programas de empleo, acordada con las comunidades autónomas el pasado mes de julio para la financiación de programas de empleo y formación, de los cuales 37 millones fueron asignados a Castilla y León.

Virginia Barcones resaltó a las tres iniciativas como el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, TándEM para promover proyectos mixtos de empleo y formación e Investigo para la realización de iniciativas de investigación e innovación. Además, se refirió al Plan de Garantía Juvenil Plus 2021–2027 ara incrementar la cualificación y el acceso de los jóvenes al mercado laboral, a través de la orientación y el seguimiento personalizado.

Las subvenciones que se van a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación de los costes laborales de las personas jóvenes trabajadoras -incluyendo la cotización por todos los conceptos a la Seguridad Social- que, reuniendo los requisitos fijados en esta convocatoria, sean contratadas para la adquisición de experiencia profesional en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas.

Concretamente, en el caso de esta convocatoria de ámbito estatal, podrán ser beneficiarios los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así como las demás entidades que integran el sector público institucional estatal, que se obliguen a la contratación de estas personas jóvenes cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a conocimientos se refiere, para que adquieran, en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, las primeras experiencias en el empleo, así como competencias y habilidades sociales y profesionales.

La delegada del Gobierno recordó que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA),Castilla y León cuenta con 38.000 menores de 30 años desempleados y que la tasa de paro juvenil supera el 27 por ciento, casi tres veces más que la general que está en el 10,5 por ciento. Eso sí, consideró que, en estos momentos y según recogió la Agencia Ical, es un “poco precipitado” hablar del número de jóvenes que se podrán beneficiar de estas subvenciones.

El Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, dotado 112,7 millones de euros (96 para el ejercicio 2022 y 16,5 millones en 2023), busca cubrir preferentemente puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social –la atención de la dependencia e intervención con colectivos vulnerables, la rehabilitación de entornos y vivienda–, así como el desarrollo local rural.

La remuneración de la persona contratada en prácticas no podrá ser inferior al 60 por ciento del salario fijado en convenio para una persona trabajadora que desempeñe el mismo puesto y, en todo caso, no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional vigente.

La duración de los contratos oscilará entre diez y doce meses y la la jornada de trabajo será a tiempo completo. Las contrataciones objeto de subvención no podrán cubrir plazas de naturaleza estructural que estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantilla u otra forma de organización de recursos humanos, que estén contempladas en las distintas administraciones públicas y estén dotadas presupuestariamente.

El primer plazo de solicitud está abierto hasta el 16 de febrero para que las administraciones dependientes de la Administración General del Estado presenten sus solicitudes. Posteriormente, se abrirá otro entre el 1 de abril y el 31 de julio y uno más en 2023.

Las personas que sean contratadas deberán ser desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años. Además, deberán cumplir los requisitos para formalizar un contrato en prácticas.

Las personas trabajadoras objeto de contratación se seleccionarán teniendo en cuenta su mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado y los estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, entre otras. La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de currículum vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación por ninguna razón.

Para la selección, las entidades beneficiarias deberán utilizar los servicios de empleo de cada comunidad -Ecyl en Castilla y León- a los que solicitarán las personas desempleadas a contratar, con quince días de antelación, al menos, al del inicio previsto de los contratos. También se podrá solicitar a través del Portal Único de Empleo ‘Empleate’.

Recursos derivados a la Junta

Acompañada del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez; el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en Valladolid, Francisco José de Lucas, y el secretario general de la Delegación, Francisco Javier Pérez, destacó que los fondos Next Generation han derivado recursos también para que las comunidades autónomas puedan desarrollar el mismo programa para los órganos de la administración regional. De hecho, la Junta de Castilla y León ya publicó la orden por la que adecuaba su convocatoria a la orden nacional.

El programa TándEM concederá subvenciones a los órganos, organismos y otras entidades del sector público estatal que promuevan proyectos mixtos de empleo y formación para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general.

Esta actuación tiene por objetivo la formación en alternancia con el empleo de jóvenes no cualificados en el seno de entidades del sector público estatal. Las entidades promotoras se beneficiarán, por su impulso y compromiso con esta iniciativa de mejora de la cualificación y empleabilidad de los jóvenes que participen en el programa.

Les supone no soportar costes de personal y un evidente apoyo en actividades, tales como la modernización de sus inmuebles con inversión financiable en energías renovables; la explotación de modo más sostenible de sus aprovechamientos forestales y agrarios; el desarrollo de servicios de atención socio sanitaria y a la comunidad; o la recuperación del patrimonio para su gestión sostenible en el ámbito local y turístico. La convocatoria, que cuenta con 120 millones de euros (80 para este año) para toda España, ya está abierta hasta el 16 de febrero en su primera fase.

El Programa Investigo busca también la contratación de personas jóvenes de 16 o más años y que no hayan cumplido 30 años, y que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el momento de comenzar la relación contractual, en la realización de iniciativas de investigación e innovación.

Su finalidad es la contratación de personas jóvenes investigadoras, tecnólogas, personal técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i, así como, en su caso, el personal de apoyo a la investigación, en organismos públicos de investigación y difusión del conocimiento, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y entidades privadas sin ánimo de lucro, como fundaciones, junto con empresas que inviertan en investigación e innovación.

Gracias a los 71 millones de euros, se podrán subvencionar contratos de un mínimo de 12 meses y hasta dos años de duración. Virginia Barcones señaló que no se podrán contratar jóvenes que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en la misma entidad, empresa o grupo de empresas en el plazo de seis meses inmediatamente anteriores.

Los empleadores tendrán subvenciones de entre 22.405 y 33.108 euros por persona contratada y año de contratación. Para este programa, las entidades, universidades y empresas interesadas deberán presentar sus proyectos antes del 22 de febrero.

La delegada del Gobierno añadió que las subdelegaciones ya trabajan en todos los ámbitos de los servicios periféricos de la Administración General del Estado para “identificar” iniciativas que permitan proponer actuaciones concretas en base a las que presentar solicitudes para contratar a jóvenes para la prestación de servicios, realización de tareas o proyectos de investigación relacionados con la transición ecológica, la digitalización de servicios, la cohesión social o el desarrollo local rural.