Una PAC con sabor agridulce para el campo

La nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023/2027 se presenta con luces y sombras para el campo castellano y leonés, donde queda un sabor agridulce ante el Plan Estratégico presentado por España a la Unión Europa, que no es el que hubiera elaborado Castilla y León, según decía ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras reunirse con las organizaciones agrarias y las cooperativas.

Si bien, entre los aspectos positivos, se encuentra el hecho de que, al menos, los importes que recibirá la Comunidad al año serán similares a las de la PAC actual, que era uno de los objetivos principales que se perseguían en la negociación Y eso a pesar del aumento y protagonismo adquirido en esta nueva PAC de las exigencias medioambientales que perjudica a esta Región, aunque estos no supondrán un freno a la actividad agraria.

«Lo importante era ganar la batalla al importe global y eso se ha conseguido», destacaba, por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, tras la reunión con el sector.

Entre las notas negativas se encuentra que en la negociación Castilla y León no haya conseguido acentuar más la figura del agricultor activo y el reconocimiento de la agricultura profesional. Así, en la nueva PAC solo se tendrá en cuenta como tales aquellos que estén afiliados a la Seguridad Social agraria por cuenta propia o a aquellos cuyos ingresos derivados del campo representen como mínimo el 25 por ciento del total de sus ingresos o a los que el año anterior hayan percibido menos de 5.000 euros de ayudas directas de la Política Agraria Común.

«La propuesta del Ministerio es continuista y aunque se reconoce la figura del agricultor activo no lo hace de la forma y rango que queríamos en la Junta ni tampoco las organizaciones agrarias», señalaba Carnero. De esta forma, la nueva ayuda básica en su conjunto va a pasar de suponer el 56 por ciento de las subvenciones directas al 60 por ciento, desglosado en lo que será realmente la ayuda básica, del 50 por ciento, mientras que un 10 por ciento correspondiente al denominado como pago redistributivo se destinará a compensar en un mayor nivel a las pequeñas y medianas explotaciones.

Otro de los puntos positivos para la Comunidad, que además es novedoso en el nuevo escenario, es la limitación de los pagos, Así, a partir de 60.000 euros y hasta los 75.000 se reducirá el 25 por ciento de la ayuda básica, que aumentará al 50 por ciento de 75.000 a 90.000 euros, del 85 por ciento de 90.000 a 100.000 euros, y del cien por cien si se superan esta última cantidad.

También valoraba positivamente el consejero que se haya limitado la degresividad de la ayuda básica a la sostenibilidad, así como que para las cooperativas agrarias, las sociedades de transformación y las explotaciones de titularidad compartida se calcule individualmente a cada uno de los miembros la reducción para evitar perjudicar a estas sociedades.

Finalmente, Carnero destacaba como positivo que la ayuda básica a los jóvenes menores de 40 años pase del 50 al cien por cien con un aumento del 15 por ciento si es mujer, o que se mantengan las ayudas a los sectores vulnerables, como la ganadería.

Al respecto, el consejero aseguraba que el resultado ha sido muy positivo, pues se ha conseguido mantener las ayudas, destinadas a la ganadería de vacuno de leche y de carne, al ovino y caprino, a las proteaginosas y oleaginosas, al cultivo de la remolacha y a los frutos secos, además de eliminar la propuesta inicial que se había planteado de aplicar la degresividad, que suponía que a partir de un número de animales o de hectáreas el importe de la ayuda sería menor. “Castilla y León seguirá siendo la Comunidad Autónoma que más financiación percibirá por estas ayudas”, apuntaba Carnero.

Además, en la reunión se ha destacado que en los ecoesquemas, que sustituirán al actual pago verde, se ha logrado que el diseño final permita el acceso a estas ayudas por los agricultores y ganaderos de Castilla y León, percibiendo importes similares o incluso mayores a lo que actualmente venían percibiendo con el pago verde. Habrá ayudas por ecoesquemas para el uso de pastos en la ganadería, por la rotación de cultivos en secano y regadío y por dejar elementos improductivos en la explotación.

En el Plan Estratégico se incluyen también las intervenciones territoriales que diseñan las Comunidades Autónomas y que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural. Castilla y León ha incluido actuaciones para el periodo 2023 a 2027 por importe de 1.176 millones de euros.

En ellas se tienen en cuenta las infraestructuras agrarias, que contarán con 205 millones de euros; las ayudas a zonas con limitaciones productivas, con 170 millones; las ayudas agroambientales, con 143 millones, además de inversiones en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, apoyo a la industria agroalimentaria y forestal, la lucha contra incendios y la mejora de la biodiversidad y la metodología LEADER. Y destaca como novedad la incorporación de una nueva línea destinada a favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas.