Cada vez hay más reclamaciones para conocer si existe “transparencia” en las entidades públicas

2021 ha sido el año en el que más reclamaciones han presentado los ciudadanos en cuestión de transparencia. Así lo certifica el Procurador del Común, que en una nota de prensa, destaca que en este sexto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia se han presentado un total de 496 reclamaciones, 167 más que en 2020, con el fin de acceder a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local y de otras entidades de carácter público.

Más de la mitad de estas reclamaciones fueron realizadas por algún medio electrónico, incrementándose de forma muy relevante el número de ocasiones en las que se utilizó la sede electrónica de la Comisión (240 en 2021, por 124 el año anterior).

Del total de las 496 reclamaciones recibidas, 374 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 por ciento); de las cuales 311 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores; 15 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad, siendo destacable que casi una tercera parte de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos. 122 de las cuales 95 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y tres por diputados provinciales. Y un total de 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración Autonómica.

En 381 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta a la petición de información realizada a la propia Administración, incrementando respecto al año anterior el porcentaje de reclamaciones frente a la falta de contestación a solicitudes de información.

Durante el pasado año, la Comisión de Transparencia ha adoptado 260 resoluciones, nueve más que las formuladas en 2020. En 148 de ellas se estimó la petición del ciudadanos de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Unas resoluciones estimatorias han sido 16 más que en 2020. En 128 de estos supuestos, las resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 15 de las resoluciones estimatorias se formularon a la Administración autonómica.