Archivadas las diligencias contra la Junta por la venta de los todoterrenos que estaban inservibles

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid ha sobreseído mediante un auto las diligencias previas abiertas sobre el proceso de venta de los viejos vehículos todoterreno de los diversos Servicios Territoriales en las provincias de Castilla y León.

La venta se realizó tras la adquisición en arrendamiento o leasing de unos nuevos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el 31 de agosto de 2017 que los sustituían.

Tanto los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, como el Ministerio Fiscal, habían solicitado el sorbreseimiento al demostrarse que no concurrió ningún ilícito penal, han informado este martes fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

En sede parlamentaria, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones aseguró que no había ningún tipo de figura delictiva en la venta de todoterrenos y defendió la legalidad de esta operación que la que se subastaron y vendieron 664 vehículos mediante un «incremento de garantías» abriéndolo a «concurrencia».

El consejero explicó que existe un documento que plasma este negocio jurídico de transmisión de la propiedad entre la Administración y la empresa o entidad, que difiere de un contrato, y señaló que los procesos se llevaron a cabo en el marco de las previsiones de la normativa aplicable a la enajenación de los bienes inmuebles de la Junta regional, lo que aseguró la obtención del «máximo precio de mercado».

En total, apuntó que existían 30 expedientes de enajenación como procedimientos administrativos abiertos que corresponden a 193 empresas participantes y 131 ofertas con las que se obtuvieron casi 700.000 euros.

Denuncia Guardia Civil Ávila

Las investigaciones, que nacieron a raíz de una denuncia de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, se trasladaron al Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid por considerarse afectada la Consejería, pero tras descartarse su participación directa, se derivaron por dicho Juzgado a los homólogos de las diferentes provincias, dada la intervención de los diversos Servicios Territoriales en la venta de los viejos vehículos.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid ha sobreseído la causa y ha archivado las diligencias previas al considerar que el contrato de leasing de los nuevos vehículos fue correcto. Ha argumentado además que no existieron órdenes o instrucciones directas de la Consejería a los Servicios Territoriales sobre el procedimiento de enajenación.

Además no existe normativa autonómica en cuanto a la destrucción de vehículos que se consideran obsoletos que exija un procedimiento unívoco de cómo realizar la venta -con baja definitiva y destrucción mediante achatarramiento, o con baja temporal que permita la posterior venta-.

El juez establece también que no existió perjuicio económico para la Administración autonómica por la ganancia, escasa en la mayoría de los casos, que los adjudicatarios obtuvieron en la posterior reventa, en los pocos casos en que concurrió, han detallado dichas fuentes.