La presidencia de las Cortes de Castilla y León sigue alejando a PP y Vox

El Partido Popular (PP) y Vox siguen sin deshojar la margarita a pocas horas de que se constituyan las Cortes de Castilla y León. La petición de la Presidencia del Parlamento autonómico del partido que preside Santiago Abascal es lo que más aleja a las dos formaciones, tras las últimas negociaciones.

Vox hizo publica su propuesta, a través de la red social Twitter de su líder Juan García Gallardo, ante lo que consideran una “negativa del PP a alcanzar un acuerdo”. En el documento, que recoge 29 medidas para detallar en una negociación una vez constituidas las nuevas Cortes regionales, reclama la Presidencia del Parlamento autonómico y la Secretaría tercera de la Cámara, así como una vicepresidencia de la Junta y tres consejerías en un hipotético Gobierno que tendría nueve departamentos.

García-Gallardo asegura que “el PP se empeña en negar a los votantes de Vox el mismo trato que dio a su anterior socio”, en referencia a Ciudadanos. Aunque no cierra la puerta a alcanzar a algún tipo de acuerdo al señalar que “el PP todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta o, en caso contrario, explicarle a sus votantes por qué no ha querido este Gobierno para Castilla y León”.

Además de las pretensiones, Vox en su propuesta señala que “fieles a los compromisos con nuestros votantes y respetuosos con los votantes del Partido Popular que fueron mayoritarios en las elecciones del pasado 13 de febrero, hemos desarrollado una propuesta de acuerdo base para la legislatura”, compuesto por 29 medidas:

Entre los doce ejes de gobierno que plantean, destaca su oposición a la aplicación de la Agenda 2030 por parte del Ejecutivo autonómico: “El Gobierno de la Junta se compromete a rechazar las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y cualquier impedimento ideológico del desarrollo energético e industrial”.

Pero también solicitan la “defensa de los intereses del campo, la industria, el comercio y nuestro territorio ante la Unión Europea”, así como la “garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con la reducción de los impuestos autonómicos”.

En el caso de los compromisos para los primeros 90 días de legislatura, Vox plantea tres: reducción de todas las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos y la asignación a la publicidad institucional, la derogación del Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática y la eliminación de las partidas presupuestarias y normativas que “promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos. La Juna colaborará con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”, señala el documento.

Por último Vox, en el caso de las 29 acciones, resaltan la propuesta de reducción de diez a nueve consejerías, un fondo de 300 millones para indemnizar a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos afectados por las medidas de contención contra la Covid-19 declaradas inconstitucionales y una “ley de violencia intrafamiliar que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima”.

En Educación, exige una EBAU única en todo el territorio, fortalecer la universidad y la investigación y garantizar la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el “derecho inalienable” de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Vox también considera fundamental aprovechar los nuevos fondos europeos y garantizar que lleguen con transparencia, rapidez y eficacia, desarrollar una política fiscal inteligente, capaz de atraer y retener tejido productivo, acabar con la discriminación histórica a Castilla y León y una financiación autonómica justa, solidaria son otras de las acciones.