Castilla y León, preparada para atender e integrar a los ucranianos

Castilla y León es una región solidaria y siempre dispuesta a echar el resto y ayudar a los demás ante cualquier catástrofe humana como la que se está produciendo en Ucrania tras la invasión rusa hace ya 21 días. Y ante la «ola de solidaridad» que se está registrando en esta Comunidad, por parte de administraciones, asociaciones, entidades, municipios y sociedad civil en su conjunto a través de amigos o familiares de los ucranianos, se hace necesario un protocolo de actuación que canalice todas las ayudas y recursos a los que tienen derecho los ucranianos y las familias enteras de refugiados que huyen de las bombas rusas.

Castilla y León ya está preparada para lo que pueda venir, y este jueves se activa el protocolo de servicios básicos, que incluye la tarjeta sanitaria, la asistencia en la Atención Primaria y Hospitalaria, además de poder tener acceso a medicación y aparatos ortoprotésicos si fuese necesario.

Igualmente, desde hoy se podrán escolarizar los más pequeños e incluso acceder a la Universidad aquellos que hayan visto paralizados sus estudios en su país tras la invasión de la Rusia de Putin a su país.

En materia de servicios sociales, tanto la atención a menores como a personas con alguna discapacidad y dependientes será una prioridad y se reforzará el aprendizaje del idioma y la formación en el ámbito del empleo, además del asesoramiento a empresas y cualificación para conseguir una integración lo más rápida posible.

Estos son, grosso modo, los puntos importantes de este protocolo de actuación que se activa este jueves y que hoy la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, daban a conocer a las diputaciones, entidades locales de municipios de más de 20.000 habitantes, la federación de Municipios y Provincias y oenegés como Cruz Roja y Accem, que son las que están sobre el terreno canalizando todas las ayudas.

«Es la voluntad de los castellanos y leoneses poder prestar la máxima ayuda y apoyo posible al pueblo ucraniano», destacaba Barcones, mientras que Ibáñez ponía en valor la gran respuesta de la sociedad de Castilla y León y también de sus administraciones, y recordaba las 2.600 plazas residenciales que tienen a disposición los ucranianos que regulen su situación y adquieran su estatus de refugiado.

Además, el consejero recordaba que desde que se desató la invasión rusa y, con ella, la crisis humana, la Junta activó varios mecanismos de ayuda, como la modificación del decreto de prórroga presupuestaria para financiar el incremento de gastos derivado de esta guerra y movilizó los primeros 400.000 euros.

En las últimas 48 horas, desde que comenzara el proceso de acogida, las comisarias de la Policía han registrado 85 solicitudes de permisos de estancia temporal.

Barcones apuntaba que todos los ucranianos que lleguen con pasaporte biométrico pueden entrar libremente a la UE y permanecer tres meses aquí. Si bien, hacía hincapié en la necesidad de que soliciten su permiso de refugiado para poder residir y trabajar como mínimo un año, prorrogable a un segundo e incluso a un tercero si fuese necesario.